Luego de la suspensión del procurador general Sergio Lello Sánchez por parte de la Legislatura jujeña y su posterior renuncia, se profundizaron las dudas sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el rol de la Legislatura como órgano de control. Para la diputada Natalia Morales, el procedimiento exprés y la falta de acceso a los fundamentos del juicio político evidencian un mecanismo antidemocrático y opaco.
En la oportunidad la legisladora recordó que no es la primera vez que el MPA y sus funcionarios enfrentan denuncias por encubrimientos y corrupción. Mencionó el caso del Hotel Ranys, que derivó en la renuncia del fiscal Rondón, y las acusaciones contra el juzgado N°1 de Matías Ustárez quien también presentó su renuncia, además de las denuncias por violencia de género al mismo Lello Sánchez.
“La estructura del MPA fue diseñada a medida de Gerardo Morales, antes de que tuviera rango constitucional, con el objetivo de perseguir y criminalizar la protesta social. Por eso hay tantos luchadores y luchadoras con causas abiertas, como en mi caso”, señaló la legisladora.
La diputada también se refirió al caso de la jueza Corte Laura Lamas González, quien intervenía en causas de violencia de género y cuya vinculación con el Obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, en conversaciones filtradas en un intento de soborno a la una víctima de abuso sexual por parte del sacerdote Luis Atilio Bruno generó repercusión nacional.
“Fue la gota que colmó el vaso para que se activara el juicio político a Lello Sánchez por su supuesta participación en la filtración de esta información, pero lo que llama la atención es la celeridad con la que la Legislatura resolvió el pedido, sin que los demás legisladores pudiéramos conocer los fundamentos”, denunció.
Críticas al procedimiento legislativo
Morales cuestionó el accionar de la Comisión Investigadora, integrada por los bloques mayoritarios de la Legislatura, que resolvió el pedido de juicio político en minutos. “La renuncia de Lello Sánchez frenó el proceso, y no tenemos acceso a las pruebas ni a los motivos que lo sustentaban y advirtió que si esto se aplicara a un referente sindical o de la oposición, sería gravísimo. No hay derecho a la información”, advirtió.
Por esta razón, desde el Frente de Izquierda Unidad, Morales propuso la conformación de una comisión investigadora independiente, integrada por organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. “La única forma de cambiar el funcionamiento de la justicia es que sus integrantes sean elegidos por voto popular, revocables, sin privilegios y con salarios equivalentes a los de un trabajador”, sostuvo.
Para finalizar planteo que “la situación actual genera un manto de impunidad. El procedimiento exprés, el allanamiento del MPA y la falta de información refuerzan el ocultismo. Hay complicidad entre los bloques mayoritarios de la Legislatura, que actuaron en connivencia y hoy las personas que ocuparán los cargos de Lello y Pasquini están vinculadas al bipartidismo jujeño: la UCR y el PJ”, concluyó Morales.
