El argumento para avanzar en esta medida, que parece invertir el discurso oficial del gobierno radical en estos años, es que el gobierno nacional, a través del DNU 70/2023 -decreto que tuvo vigencia por la colaboración de todo el arco político, de peronistas a radicales y republicanos- decretó la derogación de la Ley 20.705, ley de Sociedades de Estado, por lo que el gobierno provincial debería readecuar la forma legal de estas empresas por una cuestión de “seguridad jurídica”.
El DNU 70/2023, conocido como de desregulación del estado, establece nuevas funciones para el mismo, y dentro de ellas no está la creación o sostenimiento de empresas estatales, aún las que sean rentables, eficientes e inclusive estratégicas. Parece un revival de los ’90 y del famoso discurso de Dromi cuando dijo frente a las cámaras “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del estado”, como ‘mandamiento’ N° 1 del decálogo menemista.
El proyecto votado en la legislatura establece la conversión de las empresas del estado en sociedades anónimas, como una suerte de sociedades mixtas, con una participación del estado y otra del sector privado. Aunque los albaceas del gobierno dicen que ningún privado podría tener más del 49% de ninguna empresa, para reservar la mayoría accionaria en manos del estado, no queda claro en el texto sancionado, y además hay formas ‘indirectas’ para una privatización total de las empresas.
Sin mucho debate previo, con un oficialismo que hizo valer su mayoría automática y una oposición dividida, la aprobación del proyecto fue un trámite.
Carta Blanca
La votación en la legislatura entrega una suerte de ‘carta blanca’ al gobierno para disponer de los mecanismos para privatizar las empresas. En realidad hubiera correspondido que la legislatura discuta caso por caso el proceso de privatización de cada empresa, con porcentajes de participación privada, quien ejerce el control de la empresa y demás cuestiones. Una votación tan amplia y laxa habilita a cualquier tipo de manipulación de dichas empresas y su destino.
Puntos grises
Esta nueva ley tiene varios puntos grises que no han sido aclarados. Por ejemplo se expuso que el objetivo es convertir en S.A a empresas como Agua Potable, la empresa de agua mineral Xuma, Jujuy Digital, Cannava, pero dejó establecido que JEMSE no será una S.A. Ahora bien, si JEMSE no será convertida en Sociedad Anónima, ¿bajo qué figura legal quedará enmarcada? Si puede hacerse esto con una empresa del estado, ¿por qué no hacerlo con todas las empresas del estado?
Por un lado, JEMSE no funciona estrictamente como una empresa per se en el negocio de la minería, donde se asocia a capitales privados y recibe un porcentaje de la explotación minera, especialmente en la explotación de litio. En cierto punto es una forma de “birlar” la ley de regalías y que la provincia reciba un ingreso por encima de ese mísero 3% por la explotación de los recursos minerales.
El parque solar Cauchari también pertenece a JEMSE, y ahí se abre un gran interrogante, porque el parque ha estado atravesado por grandes controversias relativas al endeudamiento que tomó el estado para financiamiento y que ha salido como garante de créditos en dólares, como por ejemplo el crédito para la construcción de escuelas en la provincia.
Otro punto que no ha sido aclarado es el caso de GIRSU S.E. que es una empresa de tratamiento de residuos y de eliminación de los basurales que ha tomado fuertes créditos en moneda americana para llevar adelante estos tratamientos y que todavía se encuentra en una fase inicial del proyecto. Sobre el futuro de GIRSU ningún funcionario del gobierno ha aclarado nada.
Con relación a la empresas que el gobierno sí ha enumerado para reconvertirlas en sociedades anónimas surgen por lo menos dos grandes cuestionamientos:
* El primero es que es presentado como la posibilidad de acceder a financiamiento para invertir en estas empresas. Entonces no hubiera sido mejor constituirlas como empresas mixtas desde el primer día?
* El segundo cuestionamiento tiene que ver con algo que no se está poniendo en el tapete: la posibilidad de armar nuevos negocios con estas Sociedades. La posibilidad de acceder como inversor de una empresa que ya funciona es infinitamente más rentable que una apuesta sobre un emprendimiento que no se sabe cómo va a resultar. En ese sentido, el gobierno sabe que los pro y los contra de cada empresa y la posibilidad de que el acceso como inversores de empresarios y/o funcionarios amigos sierpes sobrevuela en el aire.
Por otro lado, la constitución de empresas del estado ha sido posible gracias a la designación de recursos del presupuesto provincial y también de toma de deuda pública, que finalmente son los propios jujeños los que han financiado a través de sus impuestos, y de la resignación de otras partidas la creación de estas empresas estatales, como va a hacer el gobierno para reparar los millones que se pusieron?
Si bien es cierto que el gobierno nunca ha hecho una rendición de cuentas en serio sobre los recursos que ingresan a la provincia por parte de la empresas del estado, especialmente por JEMSE, la puerta que se abre para negocios opacos y beneficios millonarios apunta a beneficiar a un sector minoritario y privilegiado en detrimento de todos los jujeños que no tendrán ningún tipo de beneficio por la privatización de las empresas.
Esta ley no es solo una reforma técnica obligada para adecuarse a los marcos nacionales. Es un giro profundo en la orientación económica -y política- del Estado provincial, que ha pasado de un discurso de cambio de matriz productiva con una fuerte participación estatal a simple gestor de negocios ajenos.
