Por Miguel López
La noticia del fallecimiento de Héctor Domingo Barrios, de 43 años, en un municipio como Calilegua —donde más de la mitad de la población no cuenta con red cloacal— fue ubicada por la prensa local en la sección policiales. Sin embargo, se trata de un hecho que trasciende lo policial y expone un problema estructural: la falta de condiciones adecuadas para el trabajo municipal. Aunque se intente responsabilizar al chofer que operaba junto a Barrios, la responsabilidad última corresponde al gobierno municipal, que mantiene en funcionamiento un parque automotor obsoleto y no provee elementos de protección personal acordes a las tareas que se realizan.
Este caso es el más grave, pero no el único. En años anteriores, trabajadores municipales denunciaron públicamente haber sufrido accidentes laborales en condiciones de precariedad, sin contar con la protección adecuada y recibiendo respuestas insuficientes por parte de la intendencia. En muchos casos, se trataba de empleados contratados de manera informal, con pagos demorados y sin registro.
Existen antecedentes de trabajadores con lesiones graves, como hernias de disco y problemas lumbares, tras realizar tareas de construcción en viviendas de funcionarios, en horarios que figuraban como servicio municipal. También se han registrado situaciones en las que empleados debieron realizar desmalezamientos con machetes sin contar con calzado de seguridad, trabajando en zapatillas o incluso descalzos, lo que derivó en cortes y lesiones.
La tragedia de Barrios refleja así, una problemática más amplia: la falta de políticas de seguridad laboral en el ámbito municipal. El dolor de la comunidad y la indignación de los trabajadores ponen en evidencia la necesidad de medidas concretas. Entre ellas, la conformación de una comisión de seguridad, higiene y salubridad integrada por representantes de los propios empleados, que pueda controlar las condiciones de trabajo y exigir al municipio la provisión de indumentaria adecuada, el mantenimiento y renovación del parque automotor y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados.
La vida de los trabajadores no puede ser reducida a un número. La prevención de accidentes y el trabajo con plenos derechos deben ser prioridades en la gestión pública, para evitar que tragedias como la de Calilegua se repitan.
