¿Cómo ve al trabajador estatal en esta coyuntura?
Lamentablemente, el trabajador estatal viene sufriendo una fuerte caída en su valoración, tanto por parte de la dirigencia política como de un sector de la ciudadanía que no reconoce el valor, la especialización ni el aporte que realiza el empleo público al bienestar de nuestro pueblo.
Hoy resulta muy doloroso leer comentarios de ciudadanos que, muchas veces alineados con la actual conducción nacional, califican al empleado público como un parásito o alguien que se aprovecha de un trabajo que consideran de menos horas, de menor complejidad o de menor valor que el privado.
Esa mirada ignora que el empleado estatal es un servidor público. En áreas como la salud, por ejemplo, se expone permanentemente para cumplir su función. Es un trabajador digno, como cualquier otro, con derechos que fueron conquistados a lo largo del tiempo, con etapas de dirigencias más combativas y otras más dialoguistas, pero siempre con el mismo objetivo: reconocimiento y respeto.
¿Ese reconocimiento se deterioró con el tiempo?
Claramente. Hubo plataformas políticas, como la de Gerardo Morales, que proponían jerarquizar el empleo público. Sonaba muy bien, pero tras ocho años de gobierno, la realidad fue un grave deterioro salarial que nunca se recuperó, además de un empeoramiento enorme en las condiciones de trabajo.
Hoy el empleo estatal está muy lejos de esa jerarquización prometida.
¿Cómo se manifiesta ese deterioro en la práctica?
Se expresa en muchos planos. Hay un crecimiento exponencial de la violencia laboral y un deterioro muy fuerte de la infraestructura y de los recursos. Cada vez hay menos herramientas para sostener el funcionamiento del Estado, porque históricamente el ajuste se hace sobre los trabajadores.
No es solo salarial: también se ajusta en recursos, en capacitación, en incentivos. Las nuevas generaciones ingresan con otro esquema mental, resignadas a esta realidad, y eso se nota en la desmotivación y la falta de compromiso.
Además, desde el discurso nacional se instala la idea de achicar el Estado, de que los estatales somos “la casta”. Se castiga a quienes simplemente tienen derechos laborales que deberían ser universales.
¿Cómo observa la demonización de los sindicatos?
El discurso que presenta a los dirigentes sindicales como privilegiados o enriquecidos puede aplicarse a algunos casos nacionales muy visibles, pero no refleja la realidad de la mayoría de las organizaciones de base, especialmente en las provincias.
Nosotros trabajamos cotidianamente por nuestros compañeros. El servicio sindical se nota cuando se logran conquistas, pero rara vez se reconoce ese esfuerzo. Muchas veces tampoco hay acompañamiento, lo que debilita al movimiento obrero en su conjunto.
¿Cuánto más cree que puede ajustarse el salario estatal?
Sinceramente, creo que ya no hay margen. Hoy el piso salarial está en los 800.000 pesos y alcanza a categorías muy altas del escalafón. Mucha gente solo supera ese piso a través de adicionales en negro. En los hechos, el escalafón se comprime hacia abajo.
En términos reales, se ha perdido entre un 200 y un 300 % del valor del salario frente a una inflación que viene corriendo por delante y que, además, está maquillada. A eso se suman los aumentos constantes de tarifas, combustibles y transporte. El deterioro es doble.
Y aparece otro flagelo: el endeudamiento personal de los trabajadores.
¿Qué gravedad tiene esa situación?
Es muy grave. Las deudas se toman para cubrir gastos básicos que no se pueden evitar. El trabajador ya no cobra salario: paga deudas. Vive con la tarjeta y muchas veces ya no puede ni cubrir los mínimos.
Desde el sindicato lo vemos claramente: pocos días después de cobrar ya nos piden ayuda financiera, órdenes de compra, adelantos. Esto genera angustia, desesperación y un impacto muy negativo en el ánimo social.
Esa tensión se traduce en violencia en los ámbitos laborales, consumo problemático de fármacos, problemas de salud mental, licencias médicas, violencia doméstica. Estamos llegando al hueso del tejido social. Ya no hay margen: se deja de comer y de comprar medicamentos. ¿Dónde más piensan ajustar?
¿Existe transparencia por parte del gobierno provincial en el manejo de las finanzas?
No. Hay una intransparencia muy profunda. El ISJ, por ejemplo, entró en crisis, algo que se veía venir con el aumento de prácticas, medicamentos y aportes, pero sin una contrapartida clara de fondos.
El gobierno hablaba de superávit y hoy dice que no está. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Se evaporaron, se usaron, para qué? En las paritarias nunca se transparentan números: no se muestra un papel, no se rinden cuentas.
Los trabajadores no somos ingenuos. Jujuy vive y late al ritmo de los sueldos estatales. Cualquier inyección económica real debe pasar por el salario del empleado público, porque eso reactiva toda la economía provincial.
¿Qué ocurre con los sectores técnicos del Estado?
Están desapareciendo. La política necesita definiciones, pero también un cuerpo técnico que acompañe, ejecute y garantice calidad. Hoy esos espacios se cubren muchas veces por favores políticos o vínculos personales, no por idoneidad técnica.
Eso debilita al Estado y compromete la calidad de la gestión pública.
¿El gobierno es consciente de la situación del sector estatal?
Creo que no del todo. El gobierno prioriza contener conflictos puntuales, pero no tiene una visión integral, sectorial y comprometida con los trabajadores. Siempre terminamos siendo la variable de ajuste.
Hay otros caminos: revisar el esquema impositivo a grandes empresas, evaluar seriamente el rol de empresas estatales deficitarias, fortalecer los organismos de control. Cuando se debilitan esos organismos, se pierde control y aparece la corrupción.
Sin transparencia y sin control real, el modelo provincial queda incompleto y muy lejos de una gestión pública sana.
