El bloque denunció una contradicción inexplicable: mientras el Presupuesto 2026 aprobado en diciembre proyectaba un superávit de más de $9.016 millones, el propio gobierno provincial informó recientemente un déficit cercano a los $4.000 millones mensuales. “Es inadmisible que en solo cuatro meses hayamos pasado de un escenario de superávit a un rojo financiero de esta magnitud. Queremos saber qué hicieron con la plata de los afiliados”, señalaron los legisladores.
Para el PTS, el deterioro del ISJ responde a políticas de ajuste directo. Apuntaron al Fondo Unificado (Decreto 10165-HF/2019), que violó la autarquía del instituto al permitir que los aportes de los trabajadores ingresen a una caja común manejada por el Ejecutivo. Además, remarcaron que los bajos salarios estatales profundizan la crisis, ya que los aportes se calculan sobre una parte ínfima del sueldo (en el caso de la docencia, apenas el 20%).
El ajuste lo pagan los afiliados
Mientras las autoridades se contradicen con los números, los afiliados sufren las consecuencias: recorte de prestaciones básicas, suspensión de órdenes médicas y conflictos permanentes con los prestadores de salud.
El proyecto presentado busca que el presidente, gerentes y asesores del ISJ asistan a la Legislatura para transparentar ingresos, pagos y deudas. Desde el PTS-FITU insistieron en la necesidad de una auditoría externa controlada por trabajadores y afiliados, como parte de un plan de emergencia que garantice que la salud no siga siendo la variable de ajuste en la provincia.
