En un comunicado, la agrupación expresó su “profunda preocupación” por lo que interpreta como un intento de acallar voces críticas en medio de la crisis de representación que atraviesa el peronismo jujeño.
Señalan que Isasmendi habría utilizado un grupo de WhatsApp político como prueba para una denuncia penal, lo que califican como “una acción de bajeza” y un ejemplo de “comodidad individual” propia de la “casta política”.
El texto cuestiona que la legisladora, en lugar de denunciar la corrupción del gobierno radical o los bajos salarios de los trabajadores jujeños, haya optado por judicializar un conflicto interno con la militancia que la llevó a ocupar su banca. “Ahora sabemos para quién trabaja”, afirman.
Isasmendi fue electa como diputada provincial por el sector de La Cámpora, pero protagonizó un giro político reconfigurando las alianzas dentro del peronismo en la Legislatura jujeña.
Fuerza Patria también enmarca el episodio en un contexto más amplio: la utilización del poder judicial como herramienta de persecución política en Jujuy durante la última década, bajo la gestión de Gerardo Morales. En ese sentido, anticipan que denunciarán todo intento de amedrentamiento contra la militancia peronista.
El comunicado no solo expone una disputa interna del PJ, sino que revela la tensión entre representación y poder en un escenario donde las lealtades partidarias se reconfiguran. No cabe duda de que el caso de Isasmendi funciona como síntoma de una crisis más profunda: la fragilidad de la ética política frente a la tentación del privilegio institucional, ese que todos antes de asumir se cansan de denunciar.
