El caso jujeño: DIPEC y paritarias “planchadas”
En Jujuy, la situación es aún más grave. La provincia sigue aplicando una metodología de 1983 para calcular la inflación, una canasta que no contempla en la proporción adecuada rubros que hoy son centrales en el gasto familiar: alquileres, tarifas de servicios, conectividad, colegios privados, entre otros. El resultado es un índice que invisibiliza los aumentos más duros y deja a los trabajadores en desventaja frente a la negociación salarial.
La inflación provincial correspondiente a enero se dará a conocer en los próximos días, pero ya se anticipa que el gobierno utilizará esos números para justificar aumentos insuficientes en las paritarias.
Es bien sabido que el gobierno provincial recurre a los datos de la DIPEC cuando le conviene. Durante la gestión de Gerardo Morales, los gremios denunciaron reiteradamente que, cuando la inflación era alta, esos números no se usaban para negociar salarios. Sin embargo, ahora que las estadísticas oficiales muestran una inflación “bajando”, sí se utilizan para ofrecer aumentos que no conforman a nadie y que no reflejan la realidad de los trabajadores.
Un ejemplo claro fue el ofrecimiento salarial realizado esta semana a los gremios docentes: proyectando la inflación nacional y provincial con metodologías irreales, el gobierno ofreció un 10% de aumento hasta junio, en cuatro tramos: 4% en febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio. Una propuesta que ata el salario a una inflación proyectada y desconectada de la vida cotidiana.
Una estadística que niega la realidad
Tanto a nivel nacional como provincial, la manipulación de los índices de precios busca sostener un relato de “inflación controlada” mientras los hogares sienten lo contrario. En Jujuy, el atraso metodológico y el uso político de la DIPEC se traducen en salarios que pierden poder adquisitivo y en una creciente bronca social.
La inflación no es un número frío: es el alquiler que sube, la factura de la luz que se dispara, el boleto que se lleva el sueldo. En Jujuy, la metodología de 1983 y el uso oportunista de la DIPEC son herramientas para disciplinar a los trabajadores y “planchar” las paritarias. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo se seguirá negando la realidad que viven las familias jujeñas?
