El malestar es claro: los importes que se pretende cobrar son considerados “irrazonables, desproporcionados y con un carácter casi confiscatorio”, especialmente si se los compara con la calidad de los servicios que presta el municipio.
Servicios básicos en crisis
El Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) es uno de los puntos más cuestionados. Mientras se exige un esfuerzo económico mayor, la realidad local muestra calles de tierra intransitables, pavimento deteriorado y espacios públicos abandonados. La brecha entre lo que se cobra y lo que se brinda es cada vez más evidente.
El caso de los taxistas
Las nuevas exigencias para el sector del transporte también generan indignación: se obliga a renovar unidades modelo 2024 en adelante, presentar libre deuda del cementerio y aceptar la entrega de 50 licencias adicionales. Medidas que, lejos de ordenar el servicio, son vistas como una presión desmedida sobre trabajadores que ya enfrentan costos elevados.
La “Revalida”: de contribución a extorsión
Otro de los puntos críticos es la llamada “Revalida”, un impuesto que comenzó como una contribución y hoy es percibido como una extorsión estatal hacia los comerciantes locales.
Una marcha con sabor a vacío institucional
La movilización partió desde la plaza principal hacia el Concejo Deliberante, pero allí los manifestantes se encontraron con un edificio vacío: ningún concejal presente. El recorrido continuó hacia el Ejecutivo Municipal, donde tampoco estaba el intendente —según se informó, por razones de salud. La ausencia de autoridades fue interpretada como una acefalía política en un momento de crisis social.
El petitorio
La Multisectorial entregó un documento con cuatro demandas concretas: Derogación de la Ordenanza Impositiva 2026. Derogación de la Ordenanza de Servicio de Taxis.
No cabe duda de que el conflicto en La Quiaca expone un problema estructural: la desconexión entre las decisiones fiscales del municipio y la realidad cotidiana de sus habitantes. Mientras se imponen cargas económicas cada vez más pesadas, los servicios básicos siguen deteriorados y las autoridades ausentes.
La protesta no solo cuestiona el “impuestazo”, sino que desnuda la falta de gestión y de diálogo político en una ciudad que, históricamente, ha sido símbolo de resistencia y organización comunitaria.
