La exigencia se fundamenta en la Ley de Acceso a la Información Pública, impulsada por el propio oficialismo al inicio de su gestión, que establece que los actos de gobierno deben ser públicos y comunicados.
Según trascendidos, el salario inicial de los efectivos se habría fijado entre $1.150.000 y $1.400.000, cifras que contrastan fuertemente con los haberes de la administración pública y la docencia. Actualmente, un docente que recién se inicia percibe $842.000, monto que lo ubica por debajo de la línea de pobreza.
“No puede haber trabajadores que cobren por debajo de la canasta familiar en Jujuy”, señalaron los legisladores. “Con un superávit fiscal histórico y exportaciones mineras en alza, es injustificable que la docencia siga siendo relegada”.
El proyecto busca que el Gobierno brinde información precisa y transparente, de modo que los gremios estatales cuenten con herramientas claras para encarar las negociaciones salariales previstas para la próxima semana.
