El diputado coincidió en que la zona necesita infraestructura para descongestionar el tránsito y reducir accidentes, pero apuntó tres alertas que tensan el debate:
- Expropiaciones a medida del negocio inmobiliario: Denunció que se expropiarán tierras con pago del Estado a empresas inmobiliarias y familias tradicionales, sin especificar montos ni revisar cómo esas firmas se quedaron con terrenos que podrían haber sido fiscales. “No se puede aplicar el mismo criterio ni pagarle del mismo modo a quien heredó un terreno que a las empresas que hacen negocios inmobiliarios”, sostuvo.
- Cheque en blanco y sobreprecios: El Ejecutivo solicita autorización para endeudarse por hasta 85 millones de dólares (o su equivalente en pesos) sin presentar un presupuesto certero de la obra. Remy advirtió sobre el riesgo de repetir escándalos del pasado: “No queremos que vuelva a pasar como con la autopista Yala, donde el costo se multiplicó varias veces. Hoy nos piden autorizar casi 6 millones de dólares por kilómetro sin precisiones”.
- Deuda innecesaria para Jujuy: El monto solicitado equivale al 80% de todo lo que paga la provincia al año por servicios de deuda. El legislador recordó que, según la propia Cuenta de Inversión, Jujuy contaba a diciembre con más de $453.000 millones en inversiones financieras y $150.000 millones en adelantos de coparticipación, recursos suficientes para financiar la obra sin recurrir a nuevo endeudamiento en moneda extranjera.
“La obra es necesaria, pero no vamos a votar a ciegas un endeudamiento enorme ni permitir que la obra pública sea un curro”, sostuvo. La bancada exige control social y transparencia en cada etapa.
Así, el oficialismo avanza a toda velocidad, mientras la izquierda denuncia que detrás del proyecto se esconde un esquema opaco de financiamiento de la obra pública, en una provincia donde el negocio inmobiliario y el endeudamiento ya dejaron un historial de irregularidades y escándalos.
