En este sentido, la iniciativa parte de un principio claro: los bienes públicos pertenecen a todos los jujeños y su utilización debe estar sujeta a reglas transparentes, controles efectivos y acceso a la información. "Los viajes privados de los funcionarios no tienen que pagarlos los jujeños", resume el espíritu del proyecto.
Entre sus principales puntos, la propuesta establece la creación de un registro permanente y público de todos los vuelos realizados por aeronaves provinciales, en el que deberán constar el origen y destino del viaje, el listado completo de pasajeros, el motivo del vuelo y la autoridad que lo autorizó.
Además, dispone que los viajes de carácter personal, político o partidario realizados por funcionarios sean abonados por quienes los efectúen y no por el Estado Provincial. También prevé un sistema de tarifas, plazos de pago y sanciones para quienes incumplan la normativa o hagan un uso indebido de las aeronaves oficiales.
“El objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos que pertenecen a todos los jujeños. La ciudadanía tiene derecho a saber quién utiliza las aeronaves del Estado, con qué finalidad y bajo qué autorización”, señalaron desde el bloque impulsor.
Con este proyecto, Soler busca incorporar herramientas concretas de control institucional y garantizar que el uso de bienes públicos responda exclusivamente al interés público, promoviendo estándares claros de responsabilidad y transparencia en la administración provincial.
