Ante el asombro generalizado el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FITU) exigió explicaciones claras y acceso al expediente que motivó esta drástica medida.
Al respecto el diputado provincial Gastón Remy, manifestó la "inquietud" de su espacio debido a que no pudieron acceder al expediente que dio inicio al proceso en la sesión del pasado miércoles 2 de octubre. Por ello, confirmó que su bloque presentó un pedido formal a la Comisión Investigadora para obtener una copia del documento y conocer así "cuáles son los motivos que llevan a este pedido de juicio político".
El proceso contra los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo que en el pasado fue calificado como el brazo judicial del gobierno de Gerardo Morales, se caracterizó por una notoria celeridad. En un tratamiento veloz, la Legislatura dio lugar al pedido, que fue girado a la Comisión Investigadora, la cual decidió inmediatamente la suspensión de ambos funcionarios y el allanamiento de las oficinas del MPA.
Si bien desde este espacio han mantenido históricamente una posición crítica hacia el MPA por su supuesto uso en la "persecución política" de opositores sindicales, sociales y estudiantiles, Remy subrayó la necesidad de ser cautelosos en este tipo de investigaciones y argumentó que una decisión tomada "de manera tan acelerada tiene que haber motivos suficientes, pero estos tienen que ser conocidos".
Cabe señalar que la preocupación del FITU no se limita solo a las razones detrás del juicio político, sino también a las causas que actualmente investiga el MPA. El diputado Remy señaló que el MPA es un organismo que "está inventando causas graves en la provincia".
Incluso ante la decisión de renunciar de sus titulares (Lello Sánchez y Pasquini), el legislador enfatizó que no puede quedar un "manto de impunidad". El reclamo es doble: conocer los motivos que llevaron al pedido de juicio político y esclarecer las causas que el MPA ha estado investigando.
El sorpresivo e inusual pedido de juicio político y las subsiguientes renuncias y allanamientos han instalado una crisis institucional en Jujuy, donde el reclamo de transparencia por parte de la oposición se vuelve central.
