Los legisladores Natalia Morales, Lamia Debbo y Gastón Remy (PTS-FITU) señalaron que la presentación fue “exprés” y que el oficialismo no mostró voluntad de abrir una discusión con fundamentos claros, pese a que la reforma de la coparticipación había sido una promesa de campaña en 2023.
“Queremos plantear de cara a la población la necesidad de que se discutan cuestiones de fondo que hacen a las necesidades de las mayorías trabajadoras: dar vuelta las leyes impositivas que actualmente mantienen un esquema donde quienes más riquezas tienen o facturan son los que menos pagan, para que las familias trabajadoras sean aliviadas de todo lo que son los impuestos provinciales”, expresaron.
El bloque también reclamó el pase a planta permanente de trabajadores jornalizados y precarizados en los municipios, y advirtió que el proyecto se enmarca en un presupuesto 2026 de ajuste definido por el gobierno nacional y ratificado por las fuerzas provinciales tradicionales. Según señalaron, existe el riesgo de que los fondos continúen siendo utilizados discrecionalmente por intendentes y concejos deliberantes afines al oficialismo
Algunos detalles del proyecto
El texto enviado por el Ejecutvo provincial establece un Sistema de coordinación financiera, fiscal y tributaria entre la provincia y los municipios, con tres ejes principales:
Los municipios participarán de un porcentaje de los recursos provinciales, incluyendo el 16,3% de la coparticipación federal, el 50% del impuesto inmobiliario, el 20% de ingresos brutos y el 20% de sellos.
Órgano de coordinación técnica con representantes del Ejecutivo y de los municipios, encargado de armonizar tributos, evitar superposiciones impositivas y asesorar en proyectos vinculados al desarrollo económico.
PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA Y MEJORA DE LA RECAUDACIÓN:
Busca garantizar coherencia normativa y transparencia fiscal, imponiendo requisitos de información presupuestaria, deuda y planta de personal a los municipios.
La distribución primaria de los fondos prevé que el 85% se reparta según coeficientes objetivos, mientras que el resto se destine al FODECO y a municipalidades y comunas según indicadores de población, necesidades básicas insatisfechas y relación entre personal y habitantes.
Si bien el proyecto apunta a fortalecer la autonomía financiera de los municipios y transparentar el uso de recursos, desde la oposición se cuestiona que la iniciativa se presente sin un cronograma claro de tratamiento y sobre un presupuesto de ajuste.
La discusión sobre la coparticipación municipal promete ser uno de los temas centrales de la agenda legislativa de 2026, en un contexto de tensiones entre oficialismo y oposición respecto al modelo de distribución de recursos y al rol de los trabajadores y comunidades en la definición de prioridades.
