En este contexto, los legisladores del PTS-FITU —Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gastón Remy y Lamia Debbo— presentaron un proyecto de Ley de Emergencia Salarial que busca garantizar que ningún trabajador estatal cobre menos que el valor de la canasta familiar, actualmente fijada en $1.330.408.
Puntos centrales de la iniciativa señalan que el salario debe ser igual a la Canasta Básica Familiar con ajuste mensual automático según la inflación medida por la DIPEC, esto bajo control de los trabajadores por lo cual se preve la creación de un ente con acceso a las cuentas públicas y empresas estatales (JEMSE, Cauchari, Cannava). Apunta a la exclusión de cargos jerárquicos de los tres poderes, cuyos sueldos superan entre 4 y 10 millones de pesos como medio para terminar con los privilegios y por ultimo la revisión impositiva que se traducira en la derogación de leyes de promoción que benefician a grandes empresas mineras, ingenios y acerías, para redirigir recursos a salud y educación.
Los legisladores denunciaron que el gobierno provincial ofrece apenas un 4% de aumento salarial, mientras acumula un superávit de más de 500 mil millones de pesos que hoy se destinan a intereses financieros en lugar de a los bolsillos de docentes y estatales.
Finalmente, cuestionaron la falta de funcionamiento legislativo: “Este tema, tan importante para las y los trabajadores estatales, así como toda la agenda del pueblo trabajador, no puede ser silenciado por decisión política. El PJ guarda un silencio cómplice al igual que los diputados de la LLA, que ya se muestran domesticados y votando iniciativas para limitar el tiempo de exposición en las sesiones”.
