La iniciativa, registrada bajo el expediente S-1966-25, fue impulsada por Fernando Salino (PJ-San Luis), Carolina Moisés (PJ-Jujuy), Fernando Rejal (PJ-La Rioja) y Guillermo Andrada (PJ-Catamarca). El proyecto propone una actualización integral del régimen de financiamiento y funcionamiento del organismo recaudador, con foco en la eficiencia operativa, la transparencia institucional y la equidad en la distribución de recursos.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un mecanismo que impida la acumulación de fondos ociosos en ARCA. Para ello, se establece que el organismo contará con un financiamiento equivalente al 1,90% de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos aduaneros bajo su órbita. Además, se prevé la distribución automática de los excedentes no utilizados:
• Mensualmente, se transferirá el 50% de los fondos no ejecutados.
• Anualmente, se distribuirá el excedente total del ejercicio fiscal.
Estas transferencias se realizarán conforme a los criterios de la Ley de Coparticipación Federal, beneficiando tanto a las provincias como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto también introduce mejoras en la “Cuenta de Jerarquización” del organismo, fijando por ley un piso del 0,75% y un techo del 1% de la recaudación neta, con el objetivo de incentivar el rendimiento del personal mediante criterios objetivos de evaluación y distribución.
Asimismo, la propuesta contempla la derogación de artículos del Decreto 1399/2001, en ejercicio de las facultades que la Ley 26.122 otorga al Congreso para revisar normas de carácter legislativo dictadas por el Poder Ejecutivo.
Una respuesta al contexto económico actual
Desde Convicción Federal advirtieron que el proyecto busca evitar que ARCA sea arrastrada hacia “el mundo de la especulación financiera” por parte de la actual conducción económica, encabezada por Luis Caputo en el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa se inscribe en una agenda legislativa que busca recuperar herramientas de control fiscal y fortalecer el federalismo como principio rector de la organización política y económica de la Argentina.
