Entre los cambios más relevantes, la iniciativa redefine el objeto de protección. La ley vigente resguarda de manera amplia a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. La modificación, en cambio, restringe la tutela únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.
Este recorte abre la vía a la explotación minera en áreas periglaciares, debilitando la protección de ecosistemas claves para el acceso al agua. La medida, resistida por organizaciones ambientalistas, comunidades originarias y campesinas, anticipa un escenario de alta conflictividad social y ambiental, especialmente en provincias como Jujuy, donde la resistencia comunitaria ha limitado la expansión minera en comparación con Salta, Catamarca o San Juan.
El voto de Carolina Moisés
La senadora jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal y actual vicepresidenta del Senado, acompañó la iniciativa junto a Ezequiel Atauche y Vilma Bedia de La Libertad Avanza. Su voto no resulta sorpresivo: ya había respaldado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y cambiarios a grandes proyectos, entre ellos los mineros. La coherencia entre ambas decisiones revela una clara alineación con la estrategia del gobierno de Javier Milei de atraer inversiones a costa de flexibilizar regulaciones ambientales.
Críticas y controversias
El impacto ambiental: La modificación es interpretada como una liberación de territorios periglaciares para la minería, donde el agua es el recurso más codiciado. En Jujuy, especialistas advierten que la explotación de litio mediante métodos evaporíticos consume enormes cantidades de agua dulce y salobre, acelerando procesos de desertificación.
¿Qué pasará con la Ley Provincial de Glaciares en Jujuy?
Cabe recordar que Jujuy cuenta con una Ley Provincial de Glaciares (Ley N° 6218), más estricta que la normativa nacional vigente. Esta ley reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos estratégicos, fundamentales para el acceso al agua potable, la agricultura, la biodiversidad y el equilibrio de las cuencas hidrográficas.
Sin embargo, la modificación nacional podría entrar en tensión con la normativa provincial. En principio, la ley jujeña seguiría vigente dentro del territorio, pero la nueva definición nacional podría habilitar a empresas y al Estado a cuestionar su alcance, generando conflictos de competencia entre jurisdicciones. En la práctica, esto abre un escenario de disputa legal y política: si prevalece la normativa nacional, la protección más estricta de Jujuy quedaría debilitada y si se sostiene la autonomía provincial, Jujuy podría convertirse en un bastión de resistencia frente al avance extractivista, aunque bajo fuerte presión de corporaciones y del gobierno nacional.
Señalamientos a Moisés
El voto de Moisés es cuestionado por sectores políticos, sociales y ambientales de Jujuy, que la acusan de priorizar intereses empresariales por sobre la defensa de bienes comunes. Su respaldo al RIGI y ahora a la modificación de la Ley de Glaciares la posiciona como una figura funcional a la agenda extractivista del gobierno nacional.
En un contexto donde el agua se vuelve un recurso cada vez más escaso, su decisión es interpretada como un aval a la mercantilización de territorios y comunidades. Para sus críticos, Moisés no solo acompaña la flexibilización ambiental, sino que legitima un modelo extractivo que amenaza la sustentabilidad y la vida en los territorios.
