La propuesta ya desató un amplio rechazo de la oposición política, gremios, organizaciones ambientalistas, sectores científicos y pueblos originarios. A nivel nacional, la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (AACA) alertó que el proyecto “contiene medidas con potencial detrimento de la disponibilidad del agua” y que “no contribuye a un eficiente desarrollo de la minería”, cuestionando así tanto el impacto ambiental como las consecuencias sociales de la reforma.
En este contexto, la discusión parlamentaria no solo pondrá en juego el rumbo de la política laboral y ambiental del país, sino también la vigencia de derechos fundamentales vinculados al agua, la vida y los territorios, frente a un modelo que avanza hacia la mercantilización de bienes comunes esenciales.
En el caso de Jujuy, la resistencia a la modificación de la ley no se canaliza por vías partidarias, sino a través del activismo de comunidades originarias que defienden el agua y sus territorios. Para ellas, la reforma representa la consolidación del avance de la minería sobre sus tierras. Comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, por ejemplo, lograron hace un tiempo frenar judicialmente estudios hidrogeológicos destinados a la exploración y explotación de litio, denunciando que la provincia no las consultó ni las invitó a participar en el proceso.
Toda esta situación se intensifica por las ansias de empresas como Dajin, Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy, que buscan la aprobación de sus operaciones en toda la región. Según denuncian las comunidades jujeñas, estas compañías actúan en contradicción con la normativa internacional sobre derechos humanos, aliándose con gobiernos provinciales como el de Sadir que actúa buscando avales de unas pocas, a veces una sola comunidad, lo que genera divisiones internas y vulnera el principio de consulta previa, libre e informada reconocida por el derecho internacional.
La voz de los especialistas: glaciares tropicales y ambientes periglaciares en Jujuy
Ante el inminente tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, Olfato Político dialogó con el perito ambiental Néstor Ruiz, quien explicó el impacto que tendría la modificación de la normativa y ofreció un panorama sobre los glaciares y ambientes periglaciares de Jujuy, destacando su importancia y la necesidad de preservarlos.
Ruiz recordó que hasta hace apenas dos años, incluso la Universidad Nacional de Jujuy negaba la existencia de glaciares en la provincia, imponiendo un discurso que —según él— era falso. Sin embargo, el Inventario Nacional de Glaciares registra entre 255 glaciares tropicales en Jujuy.
Glaciares tropicales: invisibles pero vitales
Los glaciares tropicales, propios de la latitud jujeña, tienen una particularidad: más del 94% son imperceptibles a simple vista. “Podés estar parado encima de uno y no darte cuenta”, explica Ruiz. La mayoría están cubiertos por sedimentos acumulados desde el Holoceno, con espesores de hasta dos metros, lo que los oculta. “Solo unos pocos glaciares blancos son visibles en la provincia” destacó.
Su existencia es considerada anómala en términos geológicos, ya que subsisten gracias a condiciones muy específicas: estar protegidos del sol gran parte del día y resguardados de los fuertes vientos del norte. El especialista recuerda que hace unos 12 mil años, “muchos glaciares blancos colapsaron de manera catastrófica, dejando masas de agua congelada cubiertas por sedimentos eólicos que aún hoy los conservan”.
Un ejemplo es el glaciar que arrasó con el cerro que captó la cabecera del río Grande. Aunque ya no existe como tal, lo que quedó es agua congelada protegida por sedimentos, lo que lo hace extremadamente frágil. “Los glaciares tropicales, una vez afectados, no se recuperan más hasta la próxima glaciación, que no sabemos cuándo será”, advierte Ruiz.
Ambientes periglaciares: reservorios de agua
El especialista subraya que los ambientes periglaciares son tan importantes como los glaciares, ya que funcionan como reservorios de agua. A diferencia de lo que sugiere su nombre, no siempre están asociados directamente a un glaciar. Se forman en condiciones particulares, como cuando un deslave arrastra escombros al fondo de un valle y el agua queda congelada bajo ellos. Esa masa de hielo libera agua lentamente, alimentando vegas y bofedales, con un equilibrio delicado que puede romperse por causas naturales o por la actividad humana.
“Si se rompe ese equilibrio, no se recupera hasta la próxima glaciación”, señala Ruiz, destacando que el agua de consumo de los pueblos cordilleranos, en el caso de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca, proviene directamente de estos ambientes. Las comunidades indígenas, asentadas en los valles desde hace miles de años, dependen de esas fuentes de agua de bajo caudal, que han aprendido a almacenar y distribuir para garantizar su acceso.
Minería y riesgos ambientales
Ruiz advierte que la modificación de la Ley de Glaciares busca liberar ambientes glaciares y periglaciares para la explotación minera. Según él, la razón principal es el acceso al agua, recurso indispensable para los procesos mineros. “La minería necesita muchísima agua, y por eso buscan estos ambientes”, explica.
En Jujuy, la resistencia social ha limitado la expansión minera en comparación con provincias como Salta, Catamarca o San Juan. Sin embargo, proyectos como la mina Pirquitas han generado impactos significativos, contaminando aguas que llegan hasta la laguna de Pozuelos. En Mina El Aguilar, los diques de cobre se desbordan en época de lluvias, afectando la Quebrada de Humahuaca.
Las explotaciones de litio, en particular, son señaladas como las más perjudiciales. Utilizan métodos evaporíticos que consumen grandes cantidades de agua dulce y salobre, iniciando procesos de desertificación. Ruiz recuerda que en Chile, comunidades indígenas debieron abandonar sus territorios por falta de agua, un escenario que podría repetirse en la región.
Agua, vida y futuro
El especialista enfatiza que la preservación de glaciares y ambientes periglaciares es vital para garantizar agua de calidad para todos los jujeños. “No tiene sentido que la explotación minera, que deja pocos empleos y mucha contaminación, se imponga sobre el agua de todos”, afirma.
En este sentido, cabe recordar que Jujuy cuenta con una Ley Provincial de Glaciares (Ley N° 6218), más estricta que la normativa nacional vigente. Esta ley establece un marco legal para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, reconociéndolos como bienes públicos estratégicos, fundamentales para el acceso al agua potable, la agricultura, la biodiversidad y el equilibrio de las cuencas hidrográficas.
Entre sus puntos centrales, la norma dispone:
Inventario de Glaciares, es decir que la provincia debe elaborar y actualizar cada cinco años un registro detallado de sus glaciares, en coordinación con el Inventario Nacional elaborado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Detalla actividades prohibidas como la minería, la explotación hidrocarburífera, la instalación de industrias y cualquier acción que implique contaminación o destrucción de glaciares y su ambiente periglacial.
Y advierte que toda actividad permitida en estas áreas debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y contar con instancias de participación ciudadana.
De este modo, la ley provincial refuerza la advertencia de Ruiz: la preservación de los glaciares y ambientes periglaciares no solo es una cuestión ambiental, sino también social y cultural, ya que garantiza el acceso al agua de las comunidades cordilleranas y protege un patrimonio natural único de la provincia por eso ante la eventual aprobación de la reforma nacional podría arrastrar a la provincia a modificar su normativa bajo presión. “Aquí, por un sándwich y una gaseosa los diputados van a adherir y modificarla”, lamenta.
No nos olvidemos de Mekorot
En 2024, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), firmó un convenio marco con la consultora Mekorot Israel National Water para elaborar un plan maestro de gestión hídrica en la provincia. El acuerdo tenía por objetivo realizar un diagnóstico de situación, proyecciones de oferta y demanda de agua, y talleres de planificación para validar el alcance del proyecto.
Si bien el gobierno provincial lo presentó como una iniciativa técnica de fortalecimiento del sector hídrico, organizaciones socioambientales y originarias vienen advirtiendo sobre los riesgos de este convenio. Mekorot es señalada internacionalmente por promover la mercantilización y privatización del agua, además de intervenir en regiones donde la escasez hídrica está vinculada al avance del extractivismo.
Activistas de toda la argentina coinciden en que la falta de agua no es un fenómeno natural, sino consecuencia directa de la megaminería en provincias cordilleranas y del agronegocio en otras regiones del centro del país.
Este debate se vuelve especialmente pertinente en Jujuy, donde la presión sobre los recursos hídricos por parte de la minería y el litio se suma a la necesidad de preservar glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua.
De esta manera la discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares, sumada al avance de la minería y a la implementación de planes hídricos como el convenio con Mekorot, expone un mismo dilema: el agua como recurso estratégico en disputa.
En Jujuy, donde los glaciares tropicales y los ambientes periglaciares sostienen la vida de comunidades originarias y campesinas en la Quebrada y la Puna, la defensa del agua trasciende lo ambiental: es un derecho humano y cultural. Sin embargo, el desenlace de este conflicto muestra que las posiciones políticas de los representantes jujeños no se orientan a proteger el agua, la vida ni los territorios. Por el contrario, el gobierno provincial reafirma su apuesta por la megaminería, y el peronismo, que ya acompañó la votación del RIGI, se perfila para respaldar también esta nueva ley. Todo indica que el camino elegido es profundizar la mercantilización de un bien común esencial, relegando la voz de los pueblos y el respeto por la naturaleza.
