Claudio Gareca

Docente en Ciencias Políticas

Los estudios de opinión pública y análisis sociopolítico, como los desarrollados por el Observatorio Pulsar de la UBA y la consultora Zubán Córdoba, permiten identificar con claridad esta doble dinámica. Por un lado, persiste una base sólida de legitimidad del sistema democrático: amplios sectores de la sociedad siguen considerando a la democracia como el único régimen posible y rechazan de manera contundente cualquier forma de autoritarismo. La dictadura de 1976, en este sentido, no aparece ya como un hecho discutible en términos normativos: su carácter represivo, ilegal y violatorio de los derechos humanos forma parte del núcleo duro del consenso democrático argentino.

Pero, al mismo tiempo, se advierte un proceso de fragmentación en las formas de recordar, interpretar y significar ese pasado. La memoria colectiva, que durante años funcionó como un eje relativamente unificador —en torno a la consigna de Memoria, Verdad y Justicia—, se ha vuelto progresivamente más heterogénea y atravesada por clivajes políticos, generacionales y culturales.

Uno de los factores centrales de esta transformación es el recambio generacional. Las nuevas generaciones no tienen una memoria vivencial de la dictadura, sino una memoria mediada: construida a partir de relatos familiares, dispositivos educativos, discursos políticos y representaciones culturales. Esto no implica necesariamente una menor valoración de la democracia, pero sí una relación distinta con el pasado: menos emocional, más interpretativa y, en muchos casos, más permeable a lecturas críticas o alternativas.

En este contexto, la memoria deja de operar exclusivamente como un punto de acuerdo para convertirse en un terreno de disputa. No se trata, en la mayoría de los casos, de negacionismo explícito, sino de procesos más sutiles de resignificación: cuestionamientos a las narrativas dominantes, discusiones sobre responsabilidades, énfasis en otras dimensiones del período o incluso lecturas que buscan relativizar ciertos consensos construidos en las últimas décadas.

Los datos relevados por Zubán Córdoba muestran que, si bien el rechazo a la dictadura sigue siendo mayoritario, crecen las posiciones que plantean miradas más críticas sobre el modo en que se ha construido la memoria pública. Por su parte, el Observatorio Pulsar advierte que la memoria del pasado reciente se encuentra cada vez más atravesada por el clima de polarización política, lo que tiende a convertirla en un recurso discursivo dentro de las disputas del presente.

Este fenómeno introduce un elemento clave para el análisis político: el 24 de marzo ya no es únicamente una fecha de conmemoración, sino también un espacio de posicionamiento. La apelación a la memoria puede funcionar tanto como herramienta de reafirmación democrática como instrumento de diferenciación política. En ese marco, las narrativas sobre el pasado reciente no solo remiten a lo ocurrido hace cincuenta años, sino que dialogan directamente con las tensiones del presente.

A su vez, este escenario se inscribe en un contexto más amplio de malestar social, crisis de representación y desconfianza hacia las instituciones. En este clima, algunos sectores tienden a revisar críticamente no solo el pasado dictatorial, sino también el ciclo democrático posterior. La democracia, entonces, no está en discusión como principio, pero sí como experiencia concreta: su desempeño, su capacidad de respuesta y su legitimidad cotidiana.

A cincuenta años del golpe, el desafío central ya no radica únicamente en sostener la memoria, sino en actualizar su sentido. Esto implica repensar cómo se transmiten estos acontecimientos en una sociedad que ha cambiado profundamente, cómo se construyen consensos en un contexto de mayor fragmentación y cómo se evita que la memoria quede atrapada en lógicas exclusivamente partidarias.

La experiencia argentina ha sido, durante décadas, un caso singular en materia de políticas de memoria y derechos humanos. El juicio a las juntas, la continuidad de los procesos judiciales y la centralidad del reclamo de justicia marcaron un camino que tuvo reconocimiento internacional. Pero el paso del tiempo obliga a revisar no tanto esos logros, sino las formas en que se los interpreta, se los enseña y se los proyecta hacia el futuro.

En definitiva, a medio siglo del 24 de marzo de 1976, la Argentina enfrenta una paradoja: cuenta con uno de los consensos democráticos más sólidos de su historia, pero al mismo tiempo atraviesa una etapa de creciente disputa sobre el sentido de ese consenso. La memoria sigue siendo un pilar fundamental de la identidad democrática, pero ya no opera en un terreno homogéneo, sino en un espacio plural, tensionado y en permanente redefinición.

Entender esa complejidad es clave para evitar simplificaciones. Porque, en última instancia, lo que está en juego no es solo la interpretación del pasado, sino la capacidad de la sociedad argentina de construir un horizonte democrático compartido en un contexto cada vez más desafiante.