En su intervención, destacó la firme postura del gremio frente a demandas aún no resueltas por el Ministerio de Educación, subrayando que estas reivindicaciones cuentan con el respaldo de la totalidad de los afiliados y de la docencia en general. Asimismo, cuestionó la estrategia gubernamental de intentar deslegitimar la lucha docente mediante discursos que buscan demonizar el ausentismo docente, reafirmando que la defensa de los derechos laborales y educativos constituye un compromiso colectivo e irrenunciable del gremio.
Un reclamo histórico, destacó Sosa, es el vinculado al transporte. Desde que se eliminó el beneficio de los abonos gratuitos para los docentes, hace tres años, el Estado sólo cubre un pasaje de ida y vuelta por semana si el trabajador no supera los 60 kilómetros de distancia. “El resto corre por cuenta del docente, lo que, con el aumento del transporte muy por encima de los índices inflacionarios, se traduce en una erogación significativa del salario”, subrayó.
Para graficar la situación, ejemplificó con el caso de un delegado docente que gasta alrededor de 300 mil pesos mensuales únicamente en viajar para poder trabajar. Con un sueldo de 810 mil pesos, “o incluso con la carga máxima de 36 horas cátedra, el ingreso resulta insuficiente” advirtió. A esto se suma, según Sosa, que en el segundo cargo no se reconocen los mismos ítems que en el primero, lo que profundiza la injusticia salarial y refuerza la necesidad de sostener la medida de fuerza, en un contexto donde el gobierno intenta deslegitimar la lucha docente.
Otro reclamo central es la falta de definición en los concursos directivos. Mercedes Sosa explicó que “según la normativa vigente, muchos docentes ya deberían estar designados en sus cargos, pero la demora vulnera el derecho a la titularidad y al ascenso”. La representación en la Junta de Clasificación también se ha visto restringida. “Antes la mayoría era docente y la minoría ministerial, pero tras la Ley de la Grilla Docente hoy solo hay un vocal por los docentes. Además, la falta de continuidad y formación en quienes califican a los docentes genera incertidumbre y debilita la carrera profesional”, advirtió.
También destacó la falta de homologación de títulos, la incertidumbre sobre los ICL y la ausencia de profesorados para cubrir la diversidad de orientaciones, lo que genera designaciones inestables. “Muchos docentes quedan sin obra social y viven pendientes de si conservarán o no su cargo”, advirtió. Para Sosa, la precarización se repite año tras año, desmintiendo el mito de que la docencia es una profesión con buenos ingresos y largos descansos. “En realidad, se trata de una labor atravesada por la inestabilidad, la sobrecarga y la falta de reconocimiento, factores que explican la persistencia de la protesta y la necesidad de sostener la medida de fuerza como herramienta de defensa colectiva”.
Salario en negro y presentismo
Con respecto al punto, en gran parte crucial para la determinacion del paro, la secretaria general explicó que el 70% del sueldo docente se paga en negro y apenas el 30% en blanco. “Cada ítem paritario resulta insignificante frente a la pérdida estructural". Por eso lo que reclaman es el blanqueo total, pero no hay avances. Reiteró que, "en el segundo cargo no se reconocen los mismos adicionales que en el primero, lo que constituye una injusticia sin respuesta oficial".
Además, el tema del presentismo —tan difundido estos días como bandera de demonización de los docentes por parte del Ministerio de Educación— encuentra un fuerte rechazo en la docencia jujeña, ya que se ha convertido en parte del salario cuando en realidad no lo es. “Si un docente falta por enfermedad, discapacidad, cuidado de un hijo, incluso capacitación, pierde ese ingreso. Se trata de una metodología que obliga a trabajar aun enfermo, con consecuencias graves”, advirtió Sosa. En este contexto, señaló, “el anuncio oficial de reforzar el presentismo es percibido como una medida extorsiva y deshumanizante, que desconoce las condiciones reales de la tarea docente y profundiza la precarización que atraviesa al sistema educativo”.
La precarización, aseguró la secretaria general, “no se limita solo al salario ya que los docentes deben transitar diferentes escuelas, corregir, planificar, elaborar proyectos y evaluar, tareas que demandan tiempo extra no remunerado sino también a la falta de descanso y la multiplicidad de actividades llevan a que muchos deban buscar otros trabajos para complementar ingresos, sacrificando su salud y calidad de vida”. En este escenario, para Mercedes Sosa, “la medida de fuerza no solo se sostiene por la insuficiencia salarial y el costo del transporte, sino también por la sobrecarga laboral que profundiza la desigualdad y expone la fragilidad del sistema educativo”.
Hipocresía oficial y lucha docente
En este punto Mercedes Sosa fue categórica al señalar que el gobierno acusa a los docentes de no respetar el derecho a la educación, mientras recorta presupuesto, becas, capacitación, materiales e infraestructura. "Si los diputados de la provincia avalan en nación con su voto el ajuste educativo y aquí las autoridades no se hacen cargo, entonces es que no les importa y no consideran la educación como necesaria. Nosotros vivimos preguntando cómo lo van a equilibrar desde provincia y no hay respuesta entonces no nos pueden endilgar a nosotros la responsabilidad de que no estamos respetando el derecho a la educación”.
Para finalizar, Mercedes Sosa se refirió a la Reforma Laboral. Señaló que no inaugura un nuevo escenario, sino que legitima una política de precarización ya instalada. “Cuando hablo de que los docentes no tienen continuidad, de salarios totalmente denigrados y de un presentismo que en realidad significa una baja salarial, estoy señalando que la reforma viene a avalar lo que ya venimos padeciendo”, expresó.
En ese sentido, cuestionó la idea de que la reforma no afecte a los estatales: “¿No ven que ya la estamos sufriendo?”. La combinación de esta situación con el rechazo a una oferta salarial paupérrima motiva el paro, mientras que el anuncio del presentismo reafirma —según Sosa— “una política de denigrar el salario, extorsionar a los trabajadores y someterlos a una economía feroz”.
“Sobre nuestras espaldas recaen los aumentos de servicios que el mismo gobierno valida. Aquí en la provincia se convalidan incrementos exorbitantes. Lo planteamos en paritarias también respecto al transporte, pero no toman nota de estas cosas”, concluyó, dejando en claro que la medida de fuerza es la única respuesta posible frente a un escenario de ajuste y desprotección.
Además, advirtió que la reforma educativa que se avecina profundiza la preocupación, ya que el Estado se corre de su rol de garante de la educación pública gratuita y de calidad, trasladando la responsabilidad a las familias. “La educación corre el riesgo de convertirse en mercancía”, alertó.
