El oficialismo logró aprobar el Presupuesto con holgura. Los votos peronistas no eran estrictamente necesarios para la sanción, y sin embargo varios senadores decidieron acompañar. Este dato político es clave: el gesto de Moisés no fue indispensable para el resultado, pero sí terminó cargando con un costo simbólico y mediático mayor.
El dilema de las obras vs. el futuro
Desde el entorno de la senadora se subrayó que su voto fue la expresión de gobernadores “asfixiados financieramente, que necesitaban garantizar recursos para pagar sueldos y sostener la gestión”. En el caso de Jujuy, Moisés consiguió compromisos concretos: la finalización del último tramo de la Ruta 34, fondos para la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y aportes extraordinarios para salarios provinciales.
Sin embargo, el razonamiento de acompañar el Presupuesto por una obra puntual o por algunos fondos inmediatos es problemático. Lo que se vota, en definitiva, es un esquema que recorta el financiamiento educativo hacia adelante. No parece una buena idea garantizar recursos hoy a costa de hipotecar el futuro: se gana un tramo de ruta o un edificio universitario, pero se liquida la base de la política educativa nacional.
Las consecuencias sociales del Presupuesto
Del otro lado de la moneda, la ley aprobada trae consigo impactos que trascienden la lógica de la gestión provincial y afectan directamente a la población:
- Ciencia y tecnología: la reducción de partidas debilita proyectos de investigación y desarrollo, frenando la capacidad de innovación y el aporte estratégico de estos sectores al desarrollo nacional.
- Derechos laborales: en un contexto marcado por la presión de reformas flexibilizadoras, el presupuesto refuerza el temor de mayor precarización y pérdida de conquistas históricas.
- Impacto territorial: provincias como Jujuy y Salta, altamente dependientes de fondos nacionales, podrían ver profundizada la desigualdad estructural y la conflictividad social, con efectos directos sobre las familias trabajadoras.
El Presupuesto, en definitiva, es un nuevo torniquete sobre una población que ya viene resignando condiciones de vida elementales. No genera reactivación económica ni creación de empleo, porque su lógica es recortar más. Y aun así, ni siquiera garantiza el pago de los vencimientos de deuda de enero.
Otro aspecto es que Carolina Moisés recibe casi todo el golpe político y mediático de la votación. Los senadores Atauche y Bedia, que también acompañaron, no cargan con el mismo costo local frente a un recorte de semejante magnitud en educación y otras áreas. La senadora jujeña quedó expuesta como rostro visible de una decisión que, en los hechos, fue compartida.
La dimensión política
La decisión también refleja la crisis del peronismo. Con apenas seis gobernadores peronistas en funciones, el espacio atraviesa una fragmentación que lo debilita frente al oficialismo. En ese escenario, la alianza de Moisés con Sáenz dentro del bloque Provincias Unidas busca construir un poder regional capaz de negociar directamente con la Casa Rosada, reposicionando al norte argentino como actor clave.
Pero aquí surge otro interrogante: mostrar capacidad de negociación con los libertarios no garantiza desarrollo político territorial autónomo. Puede reforzar la dependencia de acuerdos coyunturales, sin consolidar un proyecto propio en Jujuy ni en el norte argentino.
¿Y qué pasa con la gente?
Para los círculos políticos y militantes de la senadora, su voto no puede leerse en términos simplistas de “lealtad” o “traición”. Es la expresión de un dilema más profundo: la necesidad de garantizar gobernabilidad frente a la urgencia social de defender derechos.
Sin embargo, la pregunta inevitable es qué ocurre con la sociedad en este esquema. Mientras los gobernadores logran oxígeno financiero para sostener su gestión, la población enfrenta el costo del ajuste: menos inversión en educación y ciencia, mayor precarización laboral y una creciente desigualdad territorial. La política se mueve en clave de supervivencia institucional, pero la vida cotidiana de la gente se resiente.
En última instancia, garantizar gobernabilidad también significa garantizar el sostenimiento de la política y de la clase política. Es decir, preservar la capacidad de los dirigentes de seguir negociando, gestionando y ocupando espacios de poder, incluso cuando esa gobernabilidad se logra a costa de retrocesos sociales.
El interrogante que queda abierto es si el peronismo podrá articular una estrategia que combine ambas dimensiones —la gestión provincial y la representación popular— o si seguirá atrapado en una lógica de resistencia fragmentada y pragmatismo de corto plazo que lo aleja de su base social.
El dilema no es solo de los dirigentes: es de un pueblo que necesita que la política lo represente, y no que lo sacrifique en nombre de una gobernabilidad que asegura más la supervivencia de la clase política que la vida digna de la sociedad.
