La reciente iniciativa del gobierno se presenta bajo el discurso oficial de “modernización” y “transparencia institucional”. Sin embargo, debemos realizar un análisis profundo de dicho instrumento, tanto en su contenido como en su instrumentación. En otras palabras, ¿se trata de un intento genuino por democratizar la justicia o de una reorganización del aparato judicial al servicio de un bloque político dominante?
El contexto político
El Consejo surge en un momento donde la provincia experimentó un fuerte control político por parte del oficialismo, tras la reforma constitucional cuestionada por amplios sectores sociales, indígenas y sindicatos. Es verdad que ese dominio hoy está siendo cuestionado -desde la rebelión docente y los cortes de rutas por parte de comunidades originarias a la instalación de los libertarios como una fuerza política que disputa poder y representación en la provincia-, pero precisamente puede ser esta la excusa para avanzar en un proyecto de estas características.
El poder judicial jujeño ha sido denunciado por su funcionalidad al Ejecutivo, especialmente durante la criminalización de la protesta en 2023. En ese marco, institucionalizar el mecanismo de selección de jueces puede no ser más que un movimiento para dotar de legitimidad jurídica a lo que ya opera en los hechos: una justicia subordinada al poder político y económico local.
Funciones y composición: ¿control o cooptación?
El Consejo estará integrado por representantes de los tres poderes y de los colegios profesionales, pero esa pluralidad formal puede enmascarar una hegemonía sustancial.
El proyecto de creación de un Consejo de la Magistratura Provincial, en su articulado establece el mecanismo de conformación del cuerpo. Establece que su composición será de 11 miembros titulares y 11 miembros suplentes, integrados por dos jueces de la Corte de Justicia, dos jueces inferiores en actividad, tres representantes de la legislatura (dos por el bloque mayoritaria y uno para la segunda fuerza), dos miembros del Poder Ejecutivo, dos representantes de abogados con matrícula provincial por elección organizada por el colegio de abogados.
Si tenemos en cuenta que el oficialismo tiene al bloque mayoritario en la legislatura (que por el sistema de piso electoral es casi imposible que el oficialismo no tenga siempre la primera minoría o el bloque mayoritario), que ha ampliado la Corte de Justicia en beneficio propio y que en el colegio de abogados hoy es dirigido por el oficialismo, la conformación del Consejo ya cuenta con una mayoría de hecho de integrantes puestos por el oficialismo que podría variar de entre 6 a 8 miembros sobre 11, depende de como se produzcan los resultados de la elección de los miembros.
Así, lejos de democratizar el sistema judicial, el nuevo órgano podría operar como filtro, asegurando que quienes accedan al poder judicial respondan a un perfil funcional al status quo, y defiendan los intereses políticos del gobierno.
Trifecta
La creación del Consejo de la Magistratura viene a cerrar una operación de mas largo alcance de parte del gobierno sobre la justicia.
El gobierno al asumir se valió de la reforma del código contravencional para poder utilizarlo en la regimentación de la protesta y contra cualquier persona que se presente como opositora circunstancial al gobierno. El código contravencional provincial ha sido objetado por inconstitucional porque establece algunas penas superiores inclusive a algunas figuras del código penal, y muchas veces se superponen con figuras de este, y como cualquier letrado sabe, una persona no puede ser juzgada o sancionada dos veces por el mismo delito o hecho.
Después el gobierno dispuso la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, ampliando su composición de 5 a 9 miembros, pero con una particularidad: dos de los diputados oficialistas que votaron su ampliación, pasaron inmediatamente a ser miembros del STJ, y de los dos miembros restantes una fue una ex diputada del oficialismo. Es decir que su ampliación se produjo con miembros que responden directamente al gobierno provincial.
También se creó el MPA (Ministerio Publico de la Acusación) que vino a colocarse por encima de otro organismo, el Ministerio Publico Fiscal. Este también fue cubierto con personal político identificado al gobierno, y recién fue “institucionalizado” con la reforma de la Constitución Provincial, aunque llevaba años funcionando previamente.
La creación del Consejo de la Magistratura vendría a cerrar el círculo de un copamiento de la justicia por parte del poder de turno.
Desde ya hay que aclarar que siempre el poder político ha ejercido una influencia directa o indirecta sobre la Justicia. La actual selección de jueces por parte de la Legislatura apunta a un reparto relativamente equivalente al peso de los partidos tradicionales no solo en la cámara legislativa sino en la política y en el peso específico de cada fuerza en el territorio.
Entonces
El Consejo de la Magistratura en Jujuy, más que un avance institucional neutro, debe leerse como parte de la reconfiguración del poder judicial.
Su implementación no debe evaluarse sólo por sus formas legales, sino particularmente por su rol en la realidad política provincial.
