El gobierno de Jujuy volvió a presentar una lectura optimista de los indicadores sociales. Durante su conferencia de prensa semanal, el vocero oficial aseguró que la pobreza bajó gracias a las políticas públicas impulsadas por la gestión provincial. Sin embargo, según un análisis realizado por el diputado del PTS-FITU, Gastón Remy, esa afirmación omite un dato central: en los últimos seis meses la pobreza volvió a aumentar.

La comparación utilizada por el Ejecutivo toma el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025, una medición que efectivamente muestra una reducción. Pero al observar la evolución más reciente aparece otra realidad. La pobreza pasó del 26,6% en el segundo semestre de 2025 al 27,6% en el primer semestre de 2026.

Para Remy, el problema no es sólo estadístico sino político. "Es cierto que en un año la pobreza bajó, pero ocultar que en los últimos seis meses la tendencia se revirtió es, como mínimo, una falta de honestidad", sostiene el informe.

Más desocupación y menos empleo

La suba de la pobreza coincide con un deterioro de otros indicadores económicos y laborales.

La desocupación pasó del 2,2% a fines de 2025 al 3,4% durante el segundo trimestre de este año. Al mismo tiempo, el empleo asalariado privado registrado cayó de 58.351 puestos en diciembre de 2025 a 56.947 en junio de 2026.

Esto implica una pérdida de 1.404 empleos formales en apenas seis meses, una caída del 2,4% que impacta directamente sobre los ingresos de cientos de familias jujeñas. 

Salarios que siguen perdiendo

El informe también pone el foco en la evolución de los salarios. La medición de pobreza se construye comparando los ingresos de los hogares con el valor de la Canasta Básica Total. Entre enero y junio, el índice salarial de la DIPEC registró una caída real de 2,3 puntos.

El dato adquiere relevancia si se considera que, según el Censo 2022, los asalariados representan el 60,5% de la población económicamente activa de la provincia. Es decir, cualquier retroceso salarial tiene un impacto directo sobre los niveles de pobreza.

A eso se suma otra característica del mercado laboral jujeño: el 28,8% de la población ocupada trabaja por cuenta propia y, dentro de ese sector, más de ocho de cada diez personas lo hacen en condiciones de informalidad. Sin estabilidad ni protección frente a la inflación, son trabajadores especialmente expuestos a la pérdida de ingresos.

El caso de la docencia

Uno de los ejemplos más claros del deterioro salarial es el de los docentes.

Durante el primer semestre de 2026, el salario inicial del sector aumentó un 17,9%. En el mismo período, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 22,6%.

La diferencia implica una pérdida real del 3,8% del poder adquisitivo, un dato que contradice los argumentos oficiales sobre una supuesta mejora de las condiciones de vida a partir de la política salarial provincial.

El interior que no aparece en las estadísticas

Otro punto señalado por Remy es el alcance de los datos utilizados para medir la pobreza.

La Encuesta Permanente de Hogares sólo releva el aglomerado urbano San Salvador de Jujuy-Palpalá. Esto significa que gran parte del interior provincial queda fuera de la estadística oficial y que las condiciones de vida de numerosas localidades no están reflejadas en los indicadores difundidos.

Para el legislador del PTS-FITU, la necesidad del gobierno de destacar únicamente los aspectos favorables de los números evidencia una contradicción más profunda: el crecimiento del negocio del litio no se traduce en una mejora para las mayorías populares.

Mientras continúan las promesas sobre inversiones y desarrollo, los datos más recientes muestran aumento de la pobreza, caída del empleo registrado y pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

"El derrame del litio sigue sin llegar a los trabajadores y sectores populares", advierte el informe. Frente a ese escenario, Remy plantea que la salida pasa por fortalecer la organización y la movilización para enfrentar una situación económica que, lejos de mejorar, muestra nuevas señales de deterioro.