Por Claudio Gareca
Docente en Ciencias Políticas
No se trata de un proyecto menor. La propuesta toca aspectos centrales de la arquitectura electoral argentina: el sistema de partidos, el financiamiento, el calendario electoral y la modalidad de votación. Por eso mismo, el debate no será sencillo. No solo por la complejidad técnica del tema, sino también porque, al tratarse de una reforma electoral, requiere mayorías especiales: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.
En este punto aparece una primera señal política relevante: el proyecto ingresa por el Senado. No es casual. El oficialismo entiende que allí tiene mejores condiciones de negociación, especialmente con gobernadores que ejercen influencia directa sobre sus bloques legislativos.
En cuanto al contenido, la reforma plantea cambios de fondo. En el régimen de partidos, se endurecen las reglas: para tener reconocimiento nacional se pasa de 5 a 10 distritos, y también se elevan los requisitos para crear y sostener estructuras partidarias. La intención es reducir la fragmentación, algo que puede ser valorable, siempre y cuando no termine restringiendo la representación.
Uno de los puntos más fuertes es la eliminación de las PASO. Los partidos volverían a definir sus candidaturas puertas adentro, con la obligación de oficializarlas 90 días antes de la elección. Esto no solo modifica el calendario electoral, sino también la dinámica de competencia política.
Sin embargo, el capítulo más sensible es el del financiamiento. Allí el proyecto introduce cambios que pueden generar preocupación: se reduce el financiamiento público y se amplía de manera significativa el financiamiento privado, que pasa del 2% al 35%, junto con una flexibilización de los controles. El riesgo es claro: puede tornarse un sistema más opaco y más desigual en términos de acceso a recursos y visibilidad.
También se avanza en la implementación de la Boleta Única de Papel, con posibilidad de incorporar un casillero de lista completa y de integrar categorías nacionales, provinciales y municipales en aquellas provincias que adhieran. Es un cambio relevante en términos operativos y de organización electoral, sin embargo, el casillero de lista completa también abrirá debate en cuanto se busca el efecto arrastre eligiendo al mismo partido o agrupación política para todas las categorías en juego.
En paralelo, se incorpora la figura de Ficha Limpia, que establece que una condena confirmada en segunda instancia impide competir electoralmente o ejercer cargos públicos. Se trata de un tema que divide aguas tanto en el plano jurídico como político, y que seguramente será uno de los focos del debate.
Más allá de los detalles, la discusión de fondo es otra. El Gobierno fundamenta buena parte de la reforma en términos de costo, especialmente al eliminar las PASO. Pero la democracia, por definición, es un sistema costoso. Reducir el debate a una lógica meramente economicista resulta, como mínimo, insuficiente.
A partir de ahora, la clave estará en el Congreso. Habrá que observar cómo se posicionan los legisladores, especialmente aquellos que responden a gobernadores, y cómo se reconfiguran las alianzas políticas. En ese marco, la inclusión de “Ficha Limpia” tampoco parece casual: tensiona a espacios que históricamente impulsaron esa agenda.
En definitiva, estamos ante una reforma profunda, con efectos concretos sobre la forma en que se organiza la competencia política en Argentina. El desafío será que ese rediseño fortalezca la calidad democrática y no termine derivando en mayor desigualdad o menor transparencia.
Y hay un punto adicional que no debería pasarse por alto: si la reforma avanza, todos los partidos que pretendan sostenerse en el tiempo deberán revisar sus propias estructuras. La exigencia de mayor presencia territorial, ahora incluso con avales digitales, los obliga a salir del encierro, a volver a buscar legitimidad social.
En otras palabras: menos sellos y más representación real.
Menos estructuras vacías y más política con anclaje en la sociedad.Ese, en definitiva, también es el verdadero debate.
