Representantes de 26 comunidades participaron de la asamblea, donde se abordaron temas vinculados a la preservación del ecosistema, la capacitación técnica y la construcción de estrategias conjuntas. El eje central fue el fortalecimiento de la unidad comunitaria en un contexto marcado por la expectativa ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en octubre de 2025 se declaró competente para tratar la demanda presentada en 2019. La acción judicial busca suspender la exploración y explotación de litio en la región, alertando sobre el riesgo de contaminación del agua y el impacto ambiental irreversible en la cuenca hídrica.
“Estos espacios de encuentro son fundamentales para seguir sembrando esperanza en las nuevas generaciones, transmitiendo la importancia de la organización, la identidad y la defensa de nuestros derechos. Desde la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc seguimos caminando juntos, convencidos de que la unidad es la base para proteger nuestro territorio y nuestro futuro”, expresaron los comuneros.
La asamblea contó con la presencia de referentes de Tambillos, San Francisco de Alfarcito, Agua Blanca, Santuario de Tres Pozos, Cianzo, Cochagaste, Pozo Colorado, San Miguel de Colorados, Saladillo, El Moreno, Santa Ana de la Puna, Tusaquillas, Intiquillas, Cerro Negro, Esquina Blanca, Rangel, Cobres, Tipán, Esquina Guardia, Matancillas, Corralitos, Raíces Andinas e Inkahuasi.
La agenda de trabajo acordada junto a equipos técnicos y demás comunidades busca consolidar un frente común que articule la defensa del agua, la identidad cultural y los derechos colectivos frente a la presión extractivista.
La disputa por el litio y la transición energética
El conflicto de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc no es aislado: se inscribe en la disputa nacional e internacional por el litio, considerado “oro blanco” en el marco de la transición energética global. Argentina, junto a Bolivia y Chile, concentra más del 60% de las reservas mundiales, lo que convierte a la región en un territorio estratégico para las cadenas de producción de baterías y electromovilidad.
Sin embargo, la narrativa del “Jujuy verde” choca con las realidades locales: la extracción de litio implica un uso intensivo de agua en zonas de extrema aridez, afectando directamente a comunidades que dependen de ese recurso para su supervivencia cultural y económica. La tensión entre modelo extractivista y derechos colectivos expone las contradicciones de una transición energética que, en nombre de la sustentabilidad global, puede profundizar desigualdades y daños ambientales en territorios periféricos.
La decisión de la Corte Suprema será un precedente clave: definirá si los pueblos originarios logran frenar la avanzada extractiva mediante la vía judicial y si se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como establece el Convenio 169 de la OIT.
En este escenario, la unidad comunitaria se convierte en un actor político de peso, capaz de disputar sentidos frente a gobiernos provinciales y empresas multinacionales. La Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc emerge así como símbolo de resistencia y como recordatorio de que la transición energética no puede construirse sobre la negación de derechos ni sobre la devastación de territorios.
