—¿Por qué no sesiona la Legislatura?
Nos preocupa la falta de actividad. Recién hace unos días comenzaron a comunicarnos, de manera extraoficial, que se estarían conformando las comisiones, después de un mes del discurso de apertura del gobernador. Durante todo ese tiempo no hubo nada: ni autoridades designadas, ni debates sobre proyectos urgentes como el de coparticipación, la municipalización de Alto Comedero o el aumento salarial para los trabajadores estatales.
La demora es grave: el gobierno exige a los trabajadores que cumplan horarios bajo amenaza de descuentos, pero los diputados no sesionan ni van a comisión. Las problemáticas sobran en la provincia, y creemos que la responsabilidad es del Ejecutivo que no convoca.
—¿Cómo ves la municipalización de Alto Comedero, considerando tu experiencia en recolección en ese lugar?
Algunos bloques impulsaron el proyecto más por especulación electoral que por otra cosa. En redes sociales vimos cómo partidos plantean que, como Alto Comedero es determinante en las elecciones, quieren separarlo para sostener la capital de un color y Alto Comedero de otro.
Más allá de eso, existe una problemática real: el abandono en obra pública, iluminación, transporte. La municipalización no puede tomarse a la ligera. Antes de que los partidos se pronuncien, hay que escuchar a los vecinos mediante una consulta popular. No se trata solo de crear un municipio, sino de discutir coparticipación y sistema impositivo. Alto Comedero es un distrito dormitorio: muchos trabajadores viajan a la ciudad a trabajar. Hay que analizar cómo sostener un sistema impositivo, pero primero escuchar a los vecinos.
—¿Cuál será el planteo del PTS-FITU?
Estamos evaluando si presentar el proyecto primero en el Concejo Deliberante de San Salvador y luego en la Legislatura. No se puede saltear la opinión del Concejo ni del municipio. Alto Comedero necesita servicios para más de 120 mil habitantes, y eso debe discutirse de manera seria y responsable.
Además, está el tema de la coparticipación: no puede repartirse en migajas. Proponemos que se financie con impuestos a las grandes fortunas, no con lo que “se le cae” al gobierno.
—¿Cómo analizás la política salarial de Sadir y la situación de los trabajadores?
La situación es angustiante: aumentan la pobreza y la indigencia, cae el consumo de carne y lácteos, cierran empresas. Las familias trabajadoras sobreviven con pluriempleo, Uber, ferias. El gobierno de Sadir sostiene una política de aplastar salarios, y de ahí surge el superávit que muestran con orgullo. Pero ese superávit es un robo al salario de los trabajadores.
Por eso presentamos un proyecto de aumento salarial de emergencia: el superávit debe devolverse a los trabajadores. El conflicto no afecta solo a docentes, sino a todo el sector estatal. No cabe duda que el plan de gobierno comienza a fracasar, y seguir la política de ajuste de Javier Milei lleva a ese fracaso. En algún momento, el hambre va a pesar más que el miedo y la gente se va a expresar en las calles.
—Parte del proyecto oficial es atraer inversiones con el RIGI. ¿Cómo lo ves?
Lo veo difícil. El viaje de Milei y Sadir a EE.UU. ocurrió en un mal momento: la guerra genera inflación y desestabilización internacional, y los grandes inversores buscan refugio en mercados estables, no en Argentina. Apostar a que eso nos salve es ilusorio.
El gobierno muestra que se le acaban los planes. Si petróleo y minería son la apuesta, hay que preguntarse si este proyecto de saqueo va a funcionar y si realmente va a derramar. Porque las inversiones que vienen, roban y se van, no generan mano de obra ni dejan desarrollo. No es casualidad que los gobiernos del NOA que acompañan estos proyectos estén cuestionados por reclamos salariales: la minería no te va a salvar.
