Aunque este conflicto había sido desestimado tiempo atrás por los mismos funcionarios ministeriales que hoy lo impulsan, en las últimas semanas volvió a escalar cuando el Estado Provincial informó, a través del Boletín Oficial, la apertura de sumarios administrativos a 1.981 docentes por presunta presentación de certificados de capacitación adulterados o no reconocidos. Si bien la resolución insiste en que la medida es “estrictamente investigativa”, su publicación reavivó la tensión: para el CEDEMS, la difusión masiva de los nombres estigmatiza a los docentes, los expone sin respetar el debido proceso administrativo y vulnera su derecho a la intimidad y a la protección de datos, al tiempo que omite avanzar sobre quienes —según denuncias previas— habrían montado una estructura de venta de certificados falsos.
En este sentido, la postura del CEDEMS ante los legisladores no fue la negativa a que se investigue, sino el rechazo a lo que consideran una maniobra de mala fe del Ministerio de Educación, encabezado por la ministra Daniela Tesseira. Señalan que la decisión de hacer pública la situación sin haber determinado responsabilidades tiene un impacto político evidente: afecta a un sector históricamente movilizado y se publica en medio de un conflicto salarial y medidas de fuerza, lo que —según el gremio— puede interpretarse como un intento de amedrentamiento. Además, esta situación instala dudas sobre la legitimidad de los antecedentes docentes, un aspecto extremadamente sensible en la carrera educativa. Para muchos docentes, el tema de los asteriscos está directamente vinculado a la intención del Ministerio de acaparar los concursos de directivos, actualmente paralizados.
Durante la reunión también se expusieron otras fallas administrativas: irregularidades en la cobertura de cargos en los Institutos de Formación Docente, falta de continuidad en las políticas ministeriales, la situación de cinco institutos intervenidos sin resolución y la paralización de concursos directivos.
En las últimas horas se sumó otro foco de preocupación: el caso del IES N° 9, donde el Ministerio de Educación inició un procedimiento de investigación administrativa por la presunta falsificación del libro matriz. Aunque la ministra definió la medida como “un proceso de investigación” y no como una intervención formal, las desprolijidades del procedimiento —entre ellas, la ausencia de una denuncia judicial inmediata pese a la gravedad del hecho— generaron alarma en la comunidad educativa. Docentes y estudiantes mantienen una vigilia pacífica para custodiar la documentación académica y exigir respuestas oficiales. Sobre este tema también se manifestó preocupación durante la reunión en la Legislatura.
A todo lo expuesto se sumó la intervención del cuerpo de delegados escolares de ADEP, que manifestó su preocupación por lo que consideran un comportamiento persecutorio del Poder Ejecutivo y de funcionarios del Ministerio de Educación durante la última medida de fuerza. Según relataron, durante el paro se habría montado un entramado irregular destinado a presionar a directivos escolares para que modificaran actas institucionales: en lugar de registrar la ausencia por adhesión a la huelga, se les habría exigido consignar faltas injustificadas, alterando documentación oficial y vulnerando procedimientos administrativos básicos, así como el Estatuto Docente.
Los delegados señalaron que estas prácticas no solo buscan deslegitimar la medida de fuerza, sino que además constituyen una manipulación de documentación institucional, lo que agrava la situación y profundiza el clima de hostilidad hacia el sector docente. Para ADEP, este tipo de acciones configura un patrón de amedrentamiento que se suma al contexto general de conflicto y a la falta de respuestas del Ministerio.
Un Ministerio que se dispara al pie cada semana
Esa fue la sensación que quedó flotando en el aire en la Comisión de Educación y en los rostros de varios legisladores —especialmente de aquellos menos familiarizados con la realidad cotidiana de las escuelas— después de escuchar la exposición de los representantes gremiales. Lo que se presentó allí fue, en términos estrictamente políticos, una radiografía completa de las fallas, contradicciones y desprolijidades del Ministerio de Educación, expuesta con precisión y abundante evidencia.
Los dirigentes desplegaron un cuadro que no solo mostró una conducción insensible, sino también prácticas que rozan lo violento en términos administrativos, con decisiones contradictorias, criterios subjetivos y una aplicación errática de la normativa. A pesar de los intentos de la Comisión por “bajar la tensión”, quedó claro que la política educativa actual responde directamente al Ejecutivo provincial y que su línea de acción hacia la docencia se percibe como una política de hostigamiento, más cercana a la crueldad burocrática que a la gestión responsable.
En definitiva, lo que quedó expuesto es la paradoja de un Ministerio que parece empeñado en gobernar sin gobernar: toma decisiones que generan caos, profundiza conflictos que podría resolver y se enfrenta semana tras semana a las consecuencias de su propia improvisación.
