Cabe destacar que el proyecto de Vélez, presentado en junio, se inscribe en un contexto de intensa campaña en redes sociales y portales de noticias, que difunden presuntos casos de personas "arrepentidas" de haber denunciado falsamente a sus agresores, un fenómeno que ha cobrado "fuerza brutal" en los últimos días.
Los argumentos de la iniciativa: ¿"Violencia institucional" contra los hombres?
El proyecto de la diputada Vélez busca específicamente "investigar, monitorear y prevenir la emisión y difusión de denuncias falsas, a través de una perspectiva integral". En su justificación, el documento argumenta que “actualmente, en nuestro país y especialmente en nuestra provincia, los hombres están padeciendo violencia institucional, económica, judicial, social y política" como consecuencia de estas supuestas falsas denuncias.
Además, el texto sostiene que "solo por ser hombres son vistos como los perpetradores de la agresión y de todo tipo de violencia, aunque en todos los ámbitos es sabido que la violencia no tiene género”.
Vélez también critica que la Justicia —a través de los Juzgados Especializados en Violencia de Género o el Ministerio Público de la Acusación— recepcione denuncias "sin un mínimo de investigación sobre la verosimilitud de los hechos y circunstancias", lo que llevaría a "privar de libertad y restringir derechos a los denunciados solo 'por las dudas'", sin que se castigue luego la "falaz imputación".
Una agenda nacional en marcha: Precedentes en el Senado
La propuesta jujeña no es un hecho aislado. Evidentemente se enmarca en una "agenda antigénero" que se extiende a nivel nacional. Un claro ejemplo es el proyecto de ley con dictamen que ya existe en el Senado de la Nación, presentado por la senadora radical Carolina Losada y otros legisladores. Dicha iniciativa busca agravar las penas para las denuncias falsas en casos de violencia de género, así como en otros delitos que involucren a menores o delitos contra la integridad sexual, mediante la modificación del Código Penal.
El observatorio propuesto para Jujuy: Más cargos y debates sobre sus funciones
El observatorio que propone Daniela Vélez, si logra avanzar en la Legislatura, "se constituirá como una entidad autónoma con sede en el Ministerio de la Defensa Penal, dotada de las atribuciones y facultades necesarias para llevar a cabo su misión”.
Sin embargo, la crítica se intensifica al revisar el detalle del proyecto ya que más allá de sus pobres objetivos y fundamentos sin sustento, la iniciativa contempla la creación de “cargos directivos” y de “un equipo multidisciplinario integrado por abogados, psicólogos, sociólogos, técnicos en infancia, adolescencia y familia, psicopedagogos, asistentes sociales y criminólogos". Esta composición contrasta, según la objeción, con la escasez de profesionales en los propios juzgados de violencia de género, cuya función principal es justamente atender y resolver casos reales de violencia contra las mujeres, aplicando perspectiva de género y garantizando sus derechos.
El artículo 4° del proyecto también es un punto de conflicto, ya que propone que “una vez acreditada la falsedad de la denuncia en el caso concreto y habiendo sido presentada con conocimiento de que los hechos denunciados son falsos y/o inexistentes, con el propósito de perjudicar, difamar o causar daño a otra persona, entidad o institución se procederá a poner en conocimiento al representante del Ministerio Público de la Acusación Penal a fin de iniciar la investigación penal preparatoria con la correspondiente imputación al denunciante por los delitos de falsa denuncia, calumnia, injuria, falso testimonio u otros delitos vinculados, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas involucradas”.
¿Qué peligro representa este proyecto para las mujeres en Jujuy?
En una provincia que lamenta 3 femicidios en lo que va del año, y donde, según declaraciones del Procurador General de la Provincia, Sergio Lello de Sánchez, “los delitos por violencia de género, violencia sexual e intrafamiliar demandan el 47% de la atención del sistema judicial”, el proyecto de Daniela Vélez genera profunda preocupación.
Distintos sectores del movimiento de mujeres y feminismos de Jujuy, que ya se encuentran analizando la iniciativa con el objeto de activar en su contra, acusan que este tipo de proyectos buscan principalmente "desalentar las denuncias de las mujeres".
Además, alertan que detrás de estas propuestas se esconde la intención de "ampliar el estado y crear cargos fantasmas", cuyo único fin sería "disponer de recursos del estado a discreción sin mover un dedo en pos de erradicar el problema de raíz que es la violencia contra las mujeres y disidencias".
