Las organizaciones consideran que esta iniciativa representa un retroceso histórico en materia de derechos, ya que desplaza la atención de la violencia estructural contra las mujeres, diversidades e infancias hacia un fenómeno anecdótico: las denuncias falsas.

Críticas desde el movimiento feminista

La abogada María Vargas advirtió que el proyecto instala la idea de que las mujeres y las infancias “no serán creídas al denunciar situaciones de violencia”. Según sus palabras: 

 “Se quiere que tengamos miedo de denunciar”. 

Vargas subrayó que el discurso sobre falsas denuncias es una falacia porque informació de la justicia revela que de más de 200 causas analizadas en Jujuy, solo una resultó ser falsa. Por esta razón, para ella, insistir en este tema implica “retroceder décadas en materia de protección de derechos”.

Por su parte, Jorgelina Manzano, también de la Multisectorial, señaló que la agenda de las falsas denuncias atraviesa a toda la política pero se legitima en gobiernos que avanzan contra los derechos de las mujeres. Frente a ello, reclamó más organización y una Legislatura “de puertas abiertas” para debatir las problemáticas reales.

El proyecto en el Senado nacional

La discusión no se limita a Jujuy. A nivel nacional, la senadora santafesina Carolina Losada (UCR) presentó un proyecto que busca endurecer las penas por denuncias falsas, especialmente en casos de violencia de género y abuso infantil. La iniciativa ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y propone elevar las condenas de 3 a 6 años de prisión, sancionando incluso a profesionales del sistema judicial que participen en el supuesto armado de causas.

El proyecto parte de la premisa de que las denuncias falsas son un problema estructural. Sin embargo, desde el movimiento feminista se cuestiona esa base: “Hoy no existen pruebas de que en Argentina las falsas denuncias sean un problema”, remarcan diferentes organizaciones feministas. Para ellas, la propuesta refuerza el estigma sobre las víctimas y desatiende los obstáculos que enfrentan al denunciar.

Un retroceso en derechos

Las críticas también se vinculan con retrocesos recientes en políticas de atención a víctimas. Vargas recordó que en 2007 se aprobó un protocolo de atención a víctimas de violación, pero en diciembre de 2025 se registró un caso en el que la policía no derivó a una víctima de abuso sexual al hospital dentro de las 24 horas, impidiendo estudios médicos clave. 

“Volvemos a ser maltratadas y a que no se nos crea otra vez”, lamentó.

En una provincia donde, el 74% de las causas penales están vinculadas a violencia de género, centrar la atención en las denuncias falsas invisibiliza la magnitud del problema real, señaló Vargas.

Además, genera un efecto inhibidor que es que las víctimas podrían temer denunciar por miedo a ser acusadas de mentir, reforzando la histórica desconfianza hacia sus testimonios. Esto representa un retroceso institucional, porque no denunciar violencia de género y abuso significa poner en riesgo la vida de mujeres, diversidades e infancias.

Entonces el proyecto de “falsas denuncias” aparece como parte de una estrategia política conservadora y opresiva que busca cuestionar las políticas de género y reinstalar la presunción de que las denuncias son poco confiables. Para el movimiento feminista, insistimos, esto implica un retroceso histórico: se vuelve a poner en duda la palabra de las mujeres y se desplaza la agenda de protección hacia una narrativa que favorece la desconfianza.

La discusión en la Legislatura será decisiva: 

Como se mencionó anteriormente, si se avanza en el proyecto, se corre el riesgo de institucionalizar un discurso que desalienta las denuncias y debilita la protección de las víctimas. 

Si se frena, se abre la posibilidad de fortalecer políticas de acceso a la justicia y atención integral a quienes sufren violencia.

Otras problemáticas en agenda

El pedido de la multisectorial para ser recibida por la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva Género, presidida por Natalia Morales (PTS-FITU), también contempla una batería de problemáticas que las mujeres consideran urgentes. Vargas lo sintetizó con claridad: 

“Aquí lo que importa es cómo tenemos datos de la realidad, porque si todo es subjetivismo, mentira y falsedad, me parece que ese es un tema”.

En definitiva, el debate sobre las “falsas denuncias” refleja una tensión política más amplia: mientras sectores conservadores y de derecha buscan instalar la idea de que el sistema judicial está saturado por denuncias infundadas, los datos muestran que se trata de casos excepcionales. En Jujuy, donde la violencia de género constituye la mayoría de las causas penales, el riesgo es que se desplace la atención de lo estructural hacia lo anecdótico, debilitando las políticas de protección y poniendo en peligro vidas.