En un hecho inédito, la diputada Natalia Morales, del bloque PTS-FITU, asumió la presidencia de la Comisión de Género en la Legislatura de Jujuy. Es la primera vez que la izquierda ocupa este lugar institucional, y lo hace con una definición clara: abrir las puertas de la comisión al movimiento de mujeres y feminismos, para que sus voces, experiencias y luchas sean escuchadas y tenidas en cuenta.
La comisión se conformó en la jornada de hoy con la presencia del bloque Jujuy Crece, mientras que el PJ —que también la integra— estuvo ausente, y La Libertad Avanza no forma parte.
Morales adelantó que entre las primeras acciones se propondrá invitar a mujeres y sectores feminizados en lucha, como las y los docentes de Cedems y ADEP, trabajadoras de la salud y hermanas de comunidades indígenas.
La diputada subrayó que la crisis social y económica, profundizada por las políticas de ajuste de los gobiernos de Sadir y Milei, golpea con mayor fuerza a mujeres y diversidades. Por eso, la comisión buscará ser un espacio de apoyo y visibilización para quienes resisten en las calles, en los sindicatos y en los territorios. “Nuestros derechos no se mendigan ni se resuelven en un parlamento, se conquistan con la lucha unitaria de las mujeres junto al pueblo trabajador”, afirmó.
“A río revuelto, ganancia de pescadoras”
Bajo esa lógica, el bloque PTS-FITU, históricamente minoritario y ninguneado en la Legislatura de Jujuy, recibió la presidencia de la Comisión de Género. El oficialismo de Jujuy Crece jamás le otorgaría a la izquierda espacios que consideran “estratégicos” como Legislación General, Asuntos Institucionales o Finanzas. En cambio, les cedieron una comisión que, desde su mirada administrativa, parece menor, casi irrelevante.
Sin embargo, allí radica el error. En un contexto de crisis económica, social y política, donde las mujeres y diversidades son las más golpeadas por el ajuste, la Comisión de Género se convierte en un espacio clave. Su apertura a las voces de quienes enfrentan la precarización, la violencia y la opresión no solo tiene un valor simbólico, sino también político: le otorga a la izquierda un potente amplificador de su programa e ideología, que el oficialismo aún no dimensiona.
La presidencia de Natalia Morales marca un cambio histórico: por primera vez la izquierda conduce una comisión legislativa en Jujuy. Su decisión de ponerla al servicio de las luchas feministas y populares es entonces pura estrategia política pero tampoco lo podemos negar, militancia, y aunque es casi seguro que el oficialismo y el PJ intenten vaciarla —recordemos que en algunos casos se necesitan seis diputadas/os para que funcione—, el impacto simbólico y comunicacional ya está asegurado.
La Comisión de Género, lejos de ser un espacio secundario, puede convertirse en un escenario donde se visibilice quiénes realmente se preocupan por la situación de las mujeres y diversidades en la provincia. En tiempos de ajuste y crisis, la voz de las mujeres organizadas será escuchada desde un ámbito institucional que, aunque subestimado, puede transformarse en un verdadero punto de apoyo para la resistencia.
El pacto interbloque o comision paralela: contención institucional frente a la calle
El contraste es evidente: mientras el bloque PTS-FITU asume la presidencia de la Comisión de Género con una estrategia de apertura hacia las luchas sociales, desde ayer el oficialismo de Jujuy Crece junto al PJ impulsan un acuerdo interbloque de legisladoras para instalar una “agenda común”.
A fin de cuentas, no cabe duda de que el oficialismo y sectores del PJ advierten el peligro político que implica que la izquierda utilice la comisión como amplificador de su programa. Por eso buscan contrarrestar encuadrando la cuestión en un marco institucional de consensos, con un discurso que prioriza la “unidad” y la “transversalidad”. En ese movimiento, casi borran los límites y antagonismos que históricamente caracterizaron a cada espacio, especialmente al PJ, que debería actuar como oposición y no como garante de estabilidad.
La estrategia apunta a legitimar la política de género como política de Estado. Sin embargo, el riesgo latente es que las demandas más urgentes se diluyan en un lenguaje de acuerdos que muchas veces se queda en lo declarativo. La “agenda común” puede terminar siendo funcional a un vaciamiento político: se habla de consensos, pero sin confrontar las políticas de ajuste que precarizan la vida de las mujeres.
En cambio, la estrategia del PTS-FITU, aunque minoritaria y con riesgo de aislamiento, coloca el foco en las contradicciones del sistema y en la necesidad de articular con quienes resisten en los territorios y sindicatos. Allí radica la diferencia sustancial: mientras el interbloque busca estabilidad institucional, la izquierda busca visibilizar y potenciar las luchas que enfrentan directamente la crisis.
En definitiva, lo que está en juego es quién define las prioridades de género en la provincia: ¿las legisladoras desde un pacto institucional que busca consenso y gobernabilidad, o los partidos de izquierda que enfrentan la crisis en carne propia? Lo que queda claro es que sin un vínculo real con las luchas, la agenda interbloque corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico más. En cambio, la comisión presidida por la izquierda, aunque subestimada, puede transformarse en un verdadero amplificador de las demandas que el poder político intenta neutralizar.
Más allá de los gestos institucionales, los consensos interbloque y las estrategias de contención política, quienes terminarán definiendo quién las representa mejor son las propias mujeres de la provincia de Jujuy. Ellas, con sus problemáticas concretas —la precarización laboral, la violencia, el despojo territorial, la desigualdad cotidiana—, están muy lejos de los espeluznantes montajes de los aparatos partidarios.
La verdadera legitimidad no se construye en acuerdos de salón ni en discursos de unidad que se quedan en lo declarativo, sino en la capacidad de dar respuestas reales a las demandas urgentes. Son las mujeres jujeñas, organizadas en sindicatos, comunidades y movimientos, las que marcarán el rumbo y pondrán en evidencia quién está dispuesto a acompañar sus luchas y quién busca neutralizarlas bajo el disfraz del consenso.
Este es el punto neurálgico: la política de género no puede ser un maquillaje institucional, debe ser una herramienta viva, atravesada por las voces y experiencias de quienes enfrentan la crisis en carne propia. Y esas voces, inevitablemente, se harán escuchar.
