El escrito presentado por el apoderado Facundo José Somosa sostiene varios puntos clave para cuestionar la intervención judicial del PJ Jujuy. En primer lugar, denuncia un exceso jurisdiccional, ya que el juez habría ido más allá del control de legalidad y reemplazado decisiones políticas internas del partido: “El magistrado… avanza sobre aspectos propios de la conducción política e institucional del partido”. También señala la falta de debido proceso, porque el fallo exige trámites formales cuando la Carta Orgánica prevé sanciones automáticas por conductas verificables, como la participación en listas ajenas.
El recurso califica la medida como desproporcionada, al tratarse de una intervención extrema sin circunstancias excepcionales que la justifiquen, y advierte que se vulnera la autonomía partidaria, imponiendo conducción externa y condicionando procesos electorales. Además, describe un entramado de poder político, económico y mediático en Jujuy —con menciones a Rubén Rivarola, Jenefes y Carolina Moisés— que habría favorecido la intervención.
Somosa también solicita la recusación del interventor designado, argumentando que es dirigente de otro partido en Salta y mantiene vínculos con el gobernador Gustavo Sáenz, lo que comprometería su imparcialidad. Finalmente, cuestiona la competencia jurisdiccional, recordando que el PJ es un partido nacional ya intervenido por sus órganos superiores bajo control de la justicia federal, por lo que el juez local habría desconocido el esquema de coordinación federal.
En síntesis, el recurso afirma que la sentencia es arbitraria, desproporcionada y violatoria de la autonomía partidaria, y pide a la Cámara Nacional Electoral que revierta la intervención judicial y garantice un proceso interno bajo conducción propia del PJ.
Una adelantada
Previendo la apelación que la intervención nacional del PJ presentaría, la senadora Carolina Moisés salió a respaldar públicamente la decisión del juez Esteban Hansen. En declaraciones a medios nacionales, sostuvo que la intervención judicial era la medida más acertada frente a la crisis partidaria y la distorsión de la representación, subrayando que suspender siete veces una elección carecía de toda razonabilidad y que el peronismo había perdido groseramente las elecciones por esas decisiones.
Para Moisés, la intervención no constituye un problema institucional, sino una herramienta necesaria para devolverle representatividad al partido. En ese marco, reivindicó su autonomía política y reafirmó su vínculo con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien responde Ricardo Guillermo Villada, el interventor judicial designado en Jujuy.
La Justicia deberá ahora definir si concede la apelación. Mientras un sector confía en que la estructura judicial jujeña que responde a intereses económicos y políticos locales los favorecerá, el PJ nacional apuesta a su estrategia legal nacional y al lobby impugnatorio que cuestiona la competencia del juez Hansen, señalando que su fallo contradice una decisión previa convalidada por la justicia federal electoral bajo la órbita de la jueza María Servini.
El antecedente más cercano se remonta a 2018, cuando la apoderada Patricia García Blanco apeló la intervención del PJ ordenada por Servini, calificándola de “falta de fundamento jurídico” y logrando efecto suspensivo. Por eso, desde el PJ nacional esperan una resolución rápida, ya que se aproxima un Congreso Nacional en el que se busca encauzar la crisis y preparar la interna partidaria.
¿Ella baila sola?
La escena política jujeña exhibe un contraste evidente: mientras Carolina Moisés es prácticamente la única que celebra la intervención judicial del PJ, el resto de los actores locales la recibe con indiferencia o recelo. Incluso la notificación al presidente del bloque de diputados, Rubén Armando Rivarola, llegó a través de un tercero, y él apenas se inmutó, reflejando la escasa conmoción que la medida generó en el sector más fuerte del peronismo provincial.
La jugada de Moisés, orientada a fortalecer su propia figura y espacio, despierta resquemores en el entorno de Rivarola, que no olvida que fue ella quien lo intervino. Además, es él quien conserva el poder real al comandar intendentes, diputados y referentes territoriales —aunque varios hayan migrado hacia su otro armado, Jujuy Avanza.
Como suele ocurrir en la política provincial, el problema es de percepción. Mientras Moisés confía en que su aparente popularidad nacional le permitirá traccionar y que haber impulsado la intervención contra La Cámpora le allana el camino para presidir el partido, los “pesos pesados” del peronismo jujeño aseguran que prefieren jugar por fuera del PJ antes que aceptar su conducción. En otras palabras, la senadora apuesta a una legitimidad que no necesariamente se traduce en respaldo real, y corre el riesgo de quedar aislada frente a un aparato territorial que no la reconoce como líder natural.
