En su nueva “editorial”, Siufi inicia refiriéndose a la Marcha Federal Universitaria. Afirma que el debate sobre la universidad es “mucho más profundo” y que no pretende abordarlo, pero acto seguido despliega una serie de acusaciones históricas y generalizaciones sobre el sistema universitario durante el kirchnerismo, mencionando casos de corrupción, politización y manejo discrecional de fondos. El problema no es que esos debates no existan, sino la incoherencia del planteo: el vocero asegura que no va a analizar el tema, pero dedica buena parte de su intervención a instalar una lectura política que desvía el foco del conflicto actual, que es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional y la crisis operativa que atraviesan las universidades públicas.
Así, en lugar de aportar claridad, la vocería mezcla planos, diluye responsabilidades y desplaza la discusión hacia el pasado, dejando una postura difusa sobre la urgencia del presente y, sobre todo, sin dejar en claro si el gobierno provincial acompaña o no el reclamo universitario.
Cuando finalmente aborda la situación de Jujuy, Siufi sostiene que “Jujuy no existe para Nación”, denunciando una distribución desigual de los Aportes del Tesoro Nacional. Afirma que en abril se recaudaron más de 86 mil millones de pesos y solo se distribuyeron 47 mil millones, dejando a la provincia fuera de los fondos adicionales que sí recibieron otras jurisdicciones. El reclamo por los recursos federales es legítimo, pero la forma en que se presenta —sin datos comparativos, sin criterios de asignación, sin detallar gestiones realizadas— convierte un planteo institucional en un relato de agravio, más emocional que técnico.
El funcionario también extiende su crítica al área de salud, denunciando recortes en programas de prevención, medicamentos y enfermedades transmisibles. Luego incorpora la situación de PAMI, al que describe como un organismo en “abandono absoluto”, mencionando además denuncias de corrupción en la delegación local, actualmente bajo la órbita del diputado nacional Manuel Quintar. Aunque los temas son graves, la forma en que se integran al discurso produce un panorama caótico y difuso, donde todo es crisis pero nada se explica con precisión. Y surge una pregunta inevitable: ¿la crisis del sistema de salud provincial —vacío, desfinanciado y deteriorado desde hace más de una década— es responsabilidad exclusiva de PAMI, o también de años de mala gestión local, mientras la salud privada en manos de funcionarios provinciales sí prosperó?
Entonces, la vocería institucional debería ordenar la información, contextualizarla y comunicarla con transparencia, no amplificar el ruido ni desplazar responsabilidades. La cuestión de fondo es que la vocería provincial dejó de cumplir su función institucional para transformarse en un espacio de opinión. El problema no radica solo en el contenido puntual de cada denuncia, sino en el uso político del rol: en lugar de informar políticas públicas, la vocería se dedica a opinar sobre la coyuntura nacional; en vez de explicar decisiones del gobierno provincial, adopta la postura de un comentarista; en lugar de aportar datos verificables, ofrece interpretaciones personales; y lejos de construir transparencia, reproduce un estilo mediático de confrontación que desdibuja la responsabilidad comunicacional del Estado.
En un momento en que Jujuy enfrenta tensiones de todo tipo la ciudadanía necesita información clara, precisa y responsable. La vocería de Carlos Sadir y su gobierno, debería ser un puente entre el gobierno y la sociedad, no un espacio de opinión que desplaza el foco y confunde prioridades.
En definitiva, el rol del vocero es institucional, no personal. Cuando la comunicación del Estado se convierte en una tribuna, se pierde la función esencial de rendir cuentas, explicar decisiones y garantizar transparencia. Jujuy necesita una vocería que informe, no que editorialice; que aporte datos, no sensaciones; que represente al gobierno, no a la opinión del funcionario. En tiempos de crisis, la claridad no es un lujo: es una obligación democrática.
