Por un lado, la Lista Celeste Violeta (oficialista) propone la reelección de Sonia Alesso como secretaria general, acompañada por Roberto Baradel como secretario adjunto y por Silvia Vélez, exsecretaria general de ADEP, como candidata a vocal.
En segundo lugar, la Lista Azul y Blanca presenta como fórmula a Myriam Marinozzo para secretaria general y a María Luciana Cortés como secretaria adjunta.
Finalmente, la Lista Multicolor postula a César Alegre y Laura Ortíz López, además de Guillermo Duarte, quien —de no encontrarse intervenida ADEP— sería el actual secretario general del sindicato docente más grande de Jujuy, y que en esta elección se presenta como candidato a secretario de educación.
La intervención de ADEP —y esto puede afirmarse sin necesidad de tomar partido por ninguna lista— dejó en evidencia que el gremio fue intervenido por el Gobierno provincial luego de que Silvia Vélez no lograra imponerse frente a la Lista 5, integrada por El Hormiguero Docente y agrupaciones de izquierda como Tribuna Docente (PO) y La Corriente 9 de Abril (PTS). Ese proceso, que buscó controlar la situación sindical en un contexto de fuerte conflictividad docente, vuelve especialmente relevantes las elecciones de CTERA en Jujuy.
A esto se suma un dato político no menor, CTERA respaldó la conformación de una Junta Provisoria en ADEP para encarar un proceso de normalización institucional. Sin embargo, la paradoja es evidente: la misma dirigente que hoy es candidata nacional por Jujuy fue parte de un escenario que terminó desnormalizando el sindicato, abriendo la puerta a la intervención y a un conflicto que aún no encuentra resolución.
En este escenario, los comicios del 2 de septiembre adquieren un carácter decisivo. No solo porque ponen en disputa dos modelos de conducción sindical y el lugar que la docencia jujeña ocupará dentro de la organización nacional, sino porque también inciden directamente en el futuro de ADEP, hoy intervenida.
La situación es clara: si Silvia Vélez lograra imponerse, el Gobierno provincial podría interpretar ese resultado como una señal de que su sector tiene chances de recuperar ADEP en caso de convocarse elecciones. En cambio, si la Lista Multicolor obtiene un buen desempeño, es probable que la intervención se prolongue —quizás incluso más allá de las elecciones provinciales del año próximo— porque, seamos sinceros, ¿qué gobierno quiere una conducción combativa al frente del gremio docente más grande de la provincia, movilizada en las calles y exigiendo salarios justos? El Gobierno, seguro que no.
Por eso estas elecciones no son un trámite: son una disputa estratégica sobre quién conduce, qué modelo sindical se fortalece y cómo se reconfigura el mapa gremial en Jujuy, donde la docencia no solo viene siendo un actor central en cada conflicto, sino también el dolor de cabeza permanente de un gobierno provincial que solo logra contenerla mediante aprietes, amenazas y descuentos.
En este contexto, la preocupación de la Lista Multicolor se entiende muy bien. Sostienen que conocen de primera mano las maniobras de esa otra forma de hacer “política sindical” y denuncian que detrás del proceso electoral hay prácticas que podrían derivar en elecciones con serias irregularidades, aplicando métodos que, lejos de fomentar la participación, la restringen de manera sistemática.
A pocos días de los comicios, la Multicolor denunció que la Junta Electoral Provincial informó que la única mesa de San Salvador de Jujuy sería subdividida en tres escuelas, pero sin aclarar qué docentes votan en cada una. El resultado sería contundente: más de 1300 docentes que no saben dónde votar.
Esta situación no aparece aislada, sino como parte de un patrón que la lista señala como preocupante: Depuración del padrón: pasó de alrededor de 7.000 a 3.900 votantes. Exclusión de docentes rurales, que quedaron sin derecho a voto. Solo 9 escuelas habilitadas para toda la provincia. Falta de licencias para fiscalización, lo que limita el control del proceso y la presencia de veedores.
En conjunto, estas maniobras configuran un escenario donde la participación docente se ve reducida, fragmentada y obstaculizada, justo en una elección que podría ayudar a aclarar el panorama sobre el rumbo sindical en un contexto atravesado por la intervención, las tensiones políticas y una docencia jujeña que viene sosteniendo medidas de lucha importantes.
En definitiva, lo que está en juego no es solo quién conduce CTERA, sino cómo se redefine el poder sindical en Jujuy, una provincia donde el gobierno ha intentado contener a la docencia con aprietes, amenazas y descuentos y también ha desvirtuado su democracia sindical. Entonces la disputa por la voz, la representación y la capacidad de organización de miles de trabajadores resulta crucial.
