La carrera principal se disputó el domingo 11 de octubre, con largada en Palpalá y llegada en Ciudad Cultural, atravesando incluso sectores del río Xibi Xibi y el parque lineal. Presentado por sus organizadores como un evento que impulsa el deporte, el turismo y la actividad económica, el Transmontaña contó además con respaldo político e institucional. La competencia fue declarada de interés provincial por la Legislatura con el acompañamiento de bloques de La Libertad Avanza, la UCR y el PJ, y tuvo entre sus principales impulsores al diputado nacional Manuel Quintar, quien practica esta disciplina.
Sin embargo, el debate no pasa por si el enduro gusta más o menos como deporte. La cuestión de fondo es otra: si para realizar una competencia de estas características se cumplieron efectivamente los procedimientos ambientales que exige la legislación vigente.
Y lo llamativo es que esa discusión no fue planteada únicamente por sectores ambientalistas o académicos. Fue el propio Gobierno provincial el que terminó admitiendo que existían aspectos pendientes vinculados a la documentación y las autorizaciones necesarias para el desarrollo del evento.
La advertencia del INECOA
En un pronunciamiento institucional, el Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA-CONICET-UNJu) manifestó su preocupación y rechazo a la competencia por considerar que el recorrido atravesó ambientes de elevada sensibilidad ambiental.
Según el organismo, el trazado afectó sectores vinculados a cursos de agua, márgenes de ríos, áreas de vegetación natural y espacios utilizados por la fauna silvestre, incluyendo zonas de la Reserva de Usos Múltiples Serranías de Zapla y el Parque Lineal Xibi Xibi.
Los investigadores advirtieron que la circulación de motocicletas fuera de caminos consolidados puede provocar compactación y erosión de suelos, deterioro de la vegetación ribereña, alteraciones en la calidad del agua, perturbación de la fauna por ruido y vibraciones, contaminación por combustibles y lubricantes, y daños sobre áreas de alimentación y reproducción de especies.
A esto sumaron otro cuestionamiento central: la falta de información pública sobre estudios de impacto ambiental, habilitaciones y medidas de mitigación que permitan evaluar adecuadamente las consecuencias del evento.
El comunicado oficial que abrió más interrogantes
La respuesta del Gobierno llegó a través de un comunicado del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Allí se informó que el organismo desplegó acciones de prevención y control durante la competencia con el objetivo de proteger el patrimonio natural, prevenir incendios forestales y reducir posibles impactos ambientales.
Pero en el intento de responder a las críticas, el Ministerio terminó reconociendo un hecho significativo.
En el texto oficial aclaró que su intervención "no suple la falta de presentación de la documentación técnica" requerida a los organizadores ni la ausencia de las autorizaciones previas que correspondiera obtener. Además, recordó que este tipo de eventos debe realizar con la debida anticipación los trámites necesarios para evaluar sus posibles efectos ambientales y definir medidas preventivas.
Dicho de otro modo, mientras el Gobierno defendía su presencia en el operativo de control, reconocía al mismo tiempo que existen requisitos ambientales previos que deben cumplirse para habilitar actividades susceptibles de generar impactos sobre el ambiente.
Más coincidencias que diferencias
Aunque las posiciones parecen enfrentadas, los documentos del INECOA y del Ministerio coinciden en varios puntos. Ambos reconocen que una competencia de estas características puede generar impactos ambientales. Ambos sostienen que deben existir evaluaciones y medidas preventivas. Ambos afirman que el patrimonio natural debe ser protegido.
La diferencia aparece cuando se analiza si esas condiciones estaban efectivamente garantizadas.
Mientras el INECOA sostiene que la información disponible no permite descartar riesgos sobre ecosistemas sensibles, cursos de agua y fauna silvestre, el Ministerio optó por acompañar el desarrollo del evento mediante tareas de fiscalización y eventuales sanciones frente a posibles incumplimientos.
Incluso el organismo científico aclaró expresamente que no se opone a las actividades deportivas o recreativas en sí mismas ni desconoce el beneficio económico que pueden generar. Lo que cuestiona es que se desarrollen sin garantías ambientales claras y accesibles para la sociedad.
La contradicción de fondo
La principal contradicción que dejó expuesta esta discusión es política e institucional.
Por un lado, el Transmontaña fue promovido oficialmente, declarado de interés provincial y presentado como un acontecimiento turístico y deportivo relevante para Jujuy.
Por otro, el propio Ministerio de Ambiente reconoce que existen estudios, documentación técnica y autorizaciones previas indispensables para evaluar los posibles impactos y definir medidas preventivas.
Por eso, la pregunta que quedó flotando tras la carrera no es si el enduro debe realizarse o no. La pregunta es otra: si el Estado estaba en condiciones de respaldar y promocionar el evento mientras seguían pendientes interrogantes sobre la documentación ambiental que la propia normativa exige para este tipo de actividades.
Del Tesla al helicóptero: la política del espectáculo despega en Jujuy
Como parece que pasear el Tesla por los barrios de Jujuy no alcanzó para satisfacer las necesidades de visibilidad del diputado nacional Manuel Quintar, llegó el siguiente escalón de la política del espectáculo: un helicóptero ploteado con el león libertario, la consigna "Milei 2027" y el apellido del propio legislador.
La imagen dice mucho más de lo que parece.
Mientras miles de familias llegan con dificultad a fin de mes, mientras docentes, estatales y jubilados discuten salarios que corren detrás de la inflación y mientras el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más lejano, una parte de la dirigencia de La Libertad Avanza eligió convertir la ostentación en mensaje político.
La puesta en escena ya no busca transmitir cercanía con los problemas cotidianos de la mayoría. Busca transmitir éxito económico, capacidad de consumo y privilegio como símbolos aspiracionales.
El problema es qué idea de sociedad se intenta instalar cuando la desigualdad deja de ser un problema para convertirse en una vidriera.
Porque mientras miles cuentan monedas para cargar la SUBE, otros sobrevuelan la provincia transformando una aeronave en un cartel de campaña.
La paradoja se vuelve todavía más evidente cuando el mensaje llega desde quienes reivindican permanentemente el mérito individual. Como si todos partieran del mismo punto de partida. Como si el esfuerzo alcanzara, por sí solo, para explicar las profundas desigualdades de oportunidades y recursos que atraviesan a la sociedad.
Detrás de cada Tesla, de cada helicóptero y de cada exhibición de este tipo hay también una construcción política: naturalizar la concentración de riqueza y presentar el privilegio como una meta individual antes que como una expresión de las desigualdades existentes.
Y existe una ironía difícil de ignorar.
Ni siquiera un helicóptero puede despegar por fuera de las reglas. Para volar hacen falta licencias, habilitaciones, matrículas, seguros, controles técnicos y autorizaciones estatales. Es decir, una compleja red de regulaciones públicas que garantiza la seguridad aérea. ¿Esta todo esto? o tambien ¿está flojo de papeles?
Al final, el verdadero mensaje del helicóptero no habla de libertad. Habla de distancia. La distancia entre una dirigencia que elige mostrarse desde el aire y una sociedad que sigue enfrentando los problemas de siempre con los pies sobre la tierra.
