Los avances que conquistamos —y a los que nos acostumbramos— hoy retroceden. Bajo el gobierno de Milei, los primeros en ser barridos fueron los dispositivos que nos protegían frente a la violencia machista: el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, los programas de protección y denuncia, la asistencia a las víctimas.
Pero ahora los ataques van más allá, apuntan al corazón del sistema social, arrasando derechos colectivos fundamentales como los laborales. En un país donde la desigualdad estructural de las mujeres en el sistema económico siempre existió y nunca se logró superar, este retroceso se vuelve más evidente y más cruel.
El ajuste no es neutro
El informe del Observatorio de Género del CEPA confirma lo que las mujeres vivimos día a día: la desigualdad estructural se profundiza y el ajuste no es neutro en términos de género. Las trayectorias laborales femeninas siguen siendo más fragmentadas, con salarios más bajos y responsabilidades de cuidado invisibilizadas.
En promedio, las mujeres en Argentina ganamos un 29% menos que los varones, y la brecha se amplía al 40% en el trabajo informal. La tasa de actividad femenina es 17,5 puntos menor, mientras que la informalidad alcanza al 38%. Además, dedicamos tres horas más al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres.
La feminización de la pobreza es otra cara de esta desigualdad: las mujeres representamos el 64% de las personas más pobres del país. Esta situación se agrava por un Estado que recortó o eliminó siete de cada diez programas destinados a reducir la brecha de género.
Reformas regresivas
El ajuste consolidado en 2026 profundizó el iniciado en 2024. El 90% de los programas laborales y de ingresos sufrieron recortes respecto a 2023, incluyendo Potenciar Inclusión Joven, Registradas y Potenciar Trabajo. En paralelo, se perdieron 22.436 empleos de mujeres en casas particulares y los salarios en ese sector cayeron un 35,2% desde noviembre de 2023.
Las medidas recientes agravan aún más el panorama. Con el veto a la moratoria previsional, nueve de cada diez mujeres no podrán jubilarse. La reforma laboral, lejos de ampliar derechos, los reduce y golpea con mayor fuerza a las trabajadoras. Entre sus consecuencias, los despidos por embarazo o maternidad ya no habilitan la reincorporación, sólo una indemnización; el banco de horas genera incertidumbre en ingresos y horarios, incompatible con las tareas de cuidado; y las vacaciones fraccionadas dificultan la organización familiar, aumentando la carga mental sobre las mujeres.
La ofensiva actual no solo recorta programas y derechos, sino que redefine las reglas del trabajo en un sentido regresivo.
Realidad mata relato
Hace apenas una semana, en su discurso ante la Legislatura, el gobernador Carlos Sadir subrayó cómo la crisis macroeconómica nacional golpea directamente las finanzas provinciales. Recordó que el 70% del presupuesto de Jujuy depende de la coparticipación federal, destinada en gran medida al pago de salarios de la Administración Pública.
El “esfuerzo provincial”, aseguró Sadir, permitió una recomposición salarial del 35,76% entre enero de 2025 y enero de 2026. Sin embargo, en los sectores más feminizados —docencia y salud— la realidad es crítica. La Canasta Básica Total en febrero de 2026 se ubicó en $1.440.147 y con el aumento paritario del 10% en cuatro tramos, recién en mayo el sueldo inicial alcanzará los $900.000, todavía muy lejos de cubrir el costo de vida básico.
Sadir se justifica señalando que la provincia enfrenta el desafío de sostener la planta estatal sin despidos, en un contexto de ajuste y deterioro de ingresos.
Comercio en crisis
En Jujuy, el rubro de comercio —profundamente feminizado— atraviesa una crisis que se agudizó desde comienzos de año. La pérdida sostenida del poder adquisitivo golpea de lleno al sector y la situación ya no se limita a ingresos insuficientes, sino que amenaza directamente la continuidad de las fuentes laborales.
Supermercados, autoservicios y pequeños locales comienzan a reducir horas y personal, generando un escenario de incertidumbre y fragilidad para miles de empleadas.
Mujeres de los sectores populares
Lo dijimos anteriormente, la feminización de la pobreza se expresa con fuerza en los barrios populares ya que las mujeres representan el 64% de la población de menores ingresos y enfrentan mayores índices de desocupación y de informalidad laboral.
En las ferias barriales de Jujuy, esta desigualdad se vuelve palpable. Allí, las mujeres improvisan estrategias de supervivencia que terminan consolidándose como sostenes familiares.
Un estudio preliminar realizado por este medio indica que en la feria de la Medalla Milagrosa en Alto Comedero, el 78% de los puestos improvisados están en manos de mujeres, mostrando cómo la crisis se sostiene sobre su trabajo.
Dominga, vendedora y mantera en esa feria, lo explica con crudeza: “Somos un grupo de seis chicas que vivimos de esto porque no tenemos trabajo. Venimos los martes y jueves como la mayoría para ganar algo. Después la venta sigue en la casa. También hago comida para vender, limpio casas cuando sale algo, pero es lo que menos está saliendo”.
En definitiva, este 8 de marzo nos encontramos en un escenario distinto, pero con un trasfondo que se repite: las mujeres seguimos siendo las más golpeadas por el ajuste y la crisis. La feminización de la pobreza, la precarización laboral y el retroceso en derechos conquistados son la marca de un tiempo que exige volver a organizarse, resistir y disputar el sentido de nuestras luchas.
No hay que olvidar que a todo esto, se suma un golpe fenomenal que Milei mantiene en agenda: el intento de derogar la Interrupción Legal del Embarazo, bajo la idea de aumentar la tasa de natalidad. Esta ofensiva contrasta brutalmente con las condiciones reales de maternar y criar hijos en Argentina, donde alimentación, vivienda y educación son sectores recortados y debilitados. En este contexto, el mensaje es claro: se pretende imponer más nacimientos mientras se desmantelan las condiciones mínimas para sostener la vida.
