Un Estado que se retira: el nuevo paradigma sobre niñeces y juventudes en Jujuy

El cambio de paradigma respecto de las niñeces, adolescencias y juventudes en Jujuy es profundo. La transformación más evidente aparece en el modo en que el Estado aborda —o deja de abordar— las problemáticas que atraviesan estos sectores. Bajo un modelo neoliberal que se consolida, responsabilidades antes asumidas por políticas públicas se desplazan progresivamente hacia las familias y los individuos, debilitando la presencia estatal en áreas sensibles.

Detalles: Categoría: Tapa Entrevistas; 04.May; Visitas: 130

Por Romina Amaya

@rominaroma6

Un ejemplo concreto es el crecimiento de la violencia social y, dentro de ella, una de sus expresiones más alarmantes: la violencia en el ámbito escolar. Las amenazas de “tiroteo” que circularon en distintas instituciones educativas en las últimas semanas generaron miedo, conmoción y una cobertura mediática que amplificó el impacto sin profundizar en las causas de fondo.

Aunque el formato sea nuevo —mensajes anónimos viralizados en redes—, las amenazas en las escuelas no son un fenómeno reciente. En los años ’90 y 2000, muchas instituciones del microcentro jujeño recibían amenazas de bomba. “La modalidad era por teléfono público; se evacuaba la escuela y, una vez comprobado que era una ‘broma’, no había mucho más para hacer”, recuerda una exdirectora de una escuela secundaria del centro. Una docente de la misma institución agrega: “Era 1997, había paros constantes, una crisis social enorme. Lo que menos querían los chicos era estudiar”.

En 1997, ese clima social desembocó en el Jujeñazo, una de las grandes puebladas que dio origen al movimiento piquetero surgido a mediados de los ’90 y que cerró el ciclo de rebeliones provinciales del menemismo. Más tarde, entre 2000 y 2001, ocurrieron nuevos levantamientos en Mosconi y Tartagal que anticiparon la rebelión del 2001.

En aquel entonces —como señala una nota de La Izquierda Diario— la desocupación en Jujuy rondaba el 40%, los estatales reclamaban salarios atrasados y el pago en tiempo y forma. Ese deterioro social formaba parte de la crisis generada por el ciclo neoliberal que, entre 1975 y 2001, hizo pasar la pobreza de 2 a 14 millones de personas. En ese escenario de empobrecimiento masivo surgió el movimiento piquetero como respuesta organizada de los trabajadores desocupados.

Hoy, la situación en Jujuy vuelve a ser crítica. Los salarios provinciales —con una base de $800 mil—, la precarización laboral creciente y una desocupación que se disimula detrás de las changas y la informalidad apenas alcanzan para cubrir la mitad de la Canasta Básica Total. Este deterioro es el resultado de más de una década de ajuste a nivel provincial que hoy se profundiza con la política nacional. Ese proceso viene dejando a miles de familias sin redes de contención y terminó impactando de lleno en las juventudes y en la vida escolar, donde la crisis se vuelve visible y cotidiana.

Hambre, pobreza y desigualdad: la crisis que atraviesa las escuelas jujeñas

Como señalé anteriormente, la violencia que hoy atraviesa a las niñeces, adolescencias y juventudes no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como un problema individual. Es el síntoma visible de un proceso más profundo de desprotección estatal y deterioro social. Desde la asunción de Javier Milei, aquello que antes garantizaba el Estado —salud, acompañamiento, protección, políticas de cuidado— se debilitó o directamente desapareció. Esta retirada estatal dejó a los sectores más jóvenes expuestos a un escenario donde los derechos se transforman en responsabilidades privadas y donde la desigualdad se volvió parte del paisaje cotidiano.

Mientras el gobierno declara que la infancia es una prioridad, la mortalidad infantil aumentó por primera vez en décadas, se recortaron programas esenciales de salud, educación, discapacidad y género, y se redujo la capacidad estatal de protección en un contexto de creciente pobreza. La UCA advierte que la Asignación Universal por Hijo funciona hoy como el principal dique de contención para evitar un salto aún mayor en la pobreza infantil, y especialistas en salud vinculan el incremento de muertes en menores de un año con el ajuste, la inseguridad alimentaria y el deterioro de la atención sanitaria.

A esto se suma la vulneración de derechos de miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, afectados por recortes, demoras y desfinanciamiento, mientras la eliminación de políticas de género y los ataques a la ESI profundizáron la desprotección. El panorama general es el de un retroceso estructural en las condiciones de vida y en las garantías básicas para las nuevas generaciones.

De esta manera, el deterioro material agrava aún más este cuadro. Según la UCA, casi el 60% de las infancias del país vive en la pobreza y cerca del 30% no accede a una alimentación regular. La EDSA registró en 2025 una pobreza infantil del 53,6% y una indigencia del 10,7%. Aunque algunos indicadores muestran una leve mejora coyuntural, la propia UCA advierte que no debe confundirse con una recuperación estructural ya que las desigualdades que afectan a las infancias permanecen profundamente arraigadas.

En Jujuy, estas cifras adquieren un rostro concreto. En las escuelas, el hambre no es un dato estadístico: es un cuerpo que no desayunó, una mirada cansada, un silencio que pesa. Julia, portera de una primaria de Alto Comedero, lo resume con crudeza: “Los chicos tienen hambre y muchas veces la merienda de la escuela es lo único que comen en el día. Cuando sobra algo, ya sabemos quiénes necesitan llevar para la casa. Atrás de ellos hay hermanitos que tampoco comen. Y cada vez son más”. María, preceptora de un secundario del mismo barrio, describe un escenario similar: “Cada vez se nota más que los chicos comen poco o directamente no comen. No pueden comprar fotocopias, libros, nada. Muchos trabajan: hacen changas, cortan pasto, son albañiles con el padre. Eso pesa en el estudio. Para los adolescentes pesa no tener plata, no poder comprarse zapatillas o ropa. Lo vemos todos los días”.

En este contexto, la violencia que irrumpe en las aulas —peleas, amenazas, autolesiones, conflictos que se viralizan— no es un fenómeno nuevo, pero sí un síntoma que se intensifica. Cuando la pobreza se expande y las redes de cuidado se deshilachan, la escuela se convierte en el espacio donde el malestar social se expresa con mayor claridad. La violencia escolar, lejos de ser un problema disciplinario, es la manifestación visible de un entramado de desigualdades que se profundiza y que golpea con especial fuerza a las juventudes jujeñas.

Punitivismo en lugar de cuidado: la respuesta estatal frente a la violencia juvenil

Entonces, en Jujuy, la violencia escolar tampoco puede reducirse a un simple problema disciplinario porque es la manifestación de un proceso más profundo. Tampoco se puede atribuir a la influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías —como lo hizo el Ministerio de Educación de la provincia— porque es una lectura reduccionista que desresponsabiliza al Estado. Las plataformas pueden amplificar malestares preexistentes, pero no los generan. La agresividad que circula en el espacio digital es el reflejo —no la causa— de un entramado social marcado por el empobrecimiento, la desigualdad, la falta de políticas de cuidado y la ausencia de respuestas estatales. Culpar a las redes funciona como un atajo discursivo que evita discutir las condiciones materiales y estructurales que producen y profundizan la violencia en Jujuy.

En este punto, no puede obviarse que en los últimos dos años y medio las expresiones de violencia verbal en redes sociales se duplicaron en la Argentina, con insultos como imbécil, tarado, inútil, pelotudo, estúpido, chorro, caradura, idiota, degenerado e incluso términos discriminatorios cuyo uso parecía superado, como mogólico. En ese escenario, Javier Milei, presidente de la Nación, aparece entre los principales emisores de agravios en platafrmas digitales. Pero incluso este dato debe leerse en clave estructural: la violencia discursiva no explica por sí sola la violencia juvenil, sino que forma parte de un clima social más amplio, atravesado por el deterioro económico y la retirada estatal.

Ese reflejo punitivo que vemos en Jujuy tampoco es nuevo. Tras el asesinato de Juan Segovia, de 14 años, en diciembre de 2025 en Alto Comedero, los discursos oficiales y mediáticos redujeron el hecho a un “problema familiar”, desplazando la responsabilidad hacia lo íntimo y encubriendo el rol del Estado. Se culpó a la víctima y a su familia, evitando discutir las condiciones estructurales que hicieron posible la violencia en el barrio: pobreza persistente, ausencia de políticas de cuidado, proliferación del narcomenudeo y una presencia policial que, lejos de prevenir, convive con kioscos de droga que operan a metros de las escuelas.

La frase repetida —“no debía estar allí”— pronunciada por un comisario funcionó como un dispositivo de disciplinamiento que responsabilizó al adolescente por su propia muerte. Esa lógica oculta la connivencia policial, el abandono estatal y la falta de políticas públicas. El caso de Juan Segovia muestra cómo el punitivismo estatal no solo fracasa en proteger a los jóvenes, sino que además los estigmatiza, los criminaliza y los deja expuestos a un entramado de violencia que el propio Estado permite y reproduce.

La misma lógica se repite en el ámbito escolar. El Estado provincial no activa políticas de acompañamiento ni refuerza equipos de orientación. El Ministerio de Educación, más allá de difundir protocolos de dudosa aplicación, no asumió un rol central en contener la crisis; por el contrario, cedió la conducción del conflicto a la justicia. Como señalan los gremios docentes, es más fácil activar la estructura “represiva” que la “comprensiva”, que requeriría equipos multidisciplinarios para trabajar con adolescentes, docentes y familias. Esa inversión, el Estado provincial no está dispuesto a asumir.

Las infancias y adolescencias quedan así expuestas a un entramado de vulneraciones que se acumulan: hambre, falta de atención en salud mental, violencia intrafamiliar, consumos problemáticos, abandono escolar y ausencia de políticas de cuidado. La escuela, que debería ser un espacio de contención, termina absorbiendo sola el impacto de una crisis que la excede.

Las amenazas de “tiroteo”, los episodios de autolesiones —que requieren especial atención—, los conflictos que se viralizan y las situaciones de violencia entre estudiantes no son hechos nuevos, sino señales de un malestar social que se profundiza. Porteras, preceptores y docentes describen a diario chicos que llegan sin haber comido, que trabajan en changas para sostener la economía familiar, que no pueden comprar útiles básicos y que cargan con responsabilidades adultas desde edades tempranas. En ese escenario, la violencia no es una elección: es una reacción a la precariedad, a la frustración y a la falta de horizontes.

Hablar de violencia en Jujuy sin hablar de pobreza, recortes, ausencia estatal y desigualdad estructural es quedarse en la superficie. La violencia no es la causa: es la consecuencia. Hasta que no se aborden las raíces sociales de esta crisis —el hambre, la precariedad, la falta de políticas de cuidado y la connivencia institucional con las economías delictivas—, la violencia seguirá apareciendo en las escuelas, en los barrios y en la vida cotidiana de las juventudes jujeñas. No es un problema de conducta: es un problema de Estado.