Por Raskolnikov

“Hacete amigo del juez,

No le des de que quejarse,

Que siempre es bueno tener,

Palenque ande ir a rascarse”

(José Hernández / Martín Fierro)

La Legislatura de Jujuy aprobó el miércoles 26 de noviembre los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Si bien había mucho hermetismo sobre los candidatos hasta el propio día miércoles, finalmente se presentaron los pliegos de Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo, Gonzalo De la Colina y Mercedes Arias. Con una votación cerrada a favor de los mismos, quedaron oficialmente designados como nuevos jueces del máximo tribunal provincial.

La votación favorable era un hecho, todas los propuestos provienen del ‘staff’ político institucional que maneja la provincia desde el retorno de la democracia, amparado en el reparto de cargos entre los dos partidos históricos de la provincia: UCR y PJ.

Lo que aparecía como una novedad que rompa el binomio de reparto de cargos era la idea de que los libertarios pudieran terciar en las negociaciones y poner al menos un juez, habida cuenta de los importantes resultados electorales obtenidos en 2023 y 2025.

Esto no es de extrañar ya que es el propio gobierno nacional el que está discutiendo acuerdos para cubrir las vacantes de jueces en los juzgados federales y en la propia Corte Suprema, donde no se descarta inclusive un acuerdo con el kirchnerismo para llegar a un reparto de la cargos en juego y cubrir las vacantes.

Los candidatos

Lisandro Aguiar ha sido múltiples veces concejal de la capital jujeña por el radicalismo, incluso era el presidente del concejo deliberante al momento de su designación. Eduardo Uriondo se desempeñaba como gerente de empleo de la provincia y con múltiples vínculos con el stablishment político local (es hermano de una diputada provincial). Mercedes Arias fue asesora en el Congreso de la Nación y se desempeñaba como secretaria del Juzgado Administrativo de Minas. Posiblemente el caso más sorprendente sea el de Gonzalo de la Colina, ex apoderado del PJ y prosecretario del bloque del PJ en la legislatura, quien había asumido en el Ministerio Público de la Acusación como procurador adjunto el 6 de octubre de 2025, y un mes después es elegido como juez del Superior Tribunal de Justicia! Casi que no tuvo tiempo de conocer su despacho en el MPA. Esto obligó, además, a tomar juramento a Diego Eduardo Chacón como reemplazo de De la Colina en el MPA.

El mecanismo de elección: un guiño a la ‘casta’ política

Desde ya todos los jueces y personal de la justicia son individuos y como tales les conciernen todos los derechos y deberes como al resto de la sociedad, incluido el derecho a tener una ideología propia y una afinidad política. Lo que se pone a debate es si los miembros del Superior Tribunal de Justicia o cualquier miembro de la justicia debieran hacer una carrera judicial para acceder a dichos cargos (como se hacía históricamente) alejados de los cargos electivos o designaciones del gobierno de turno. Hoy es más rápido “saltar” desde la política a la justicia que hacer una carrera en el poder judicial.

Sólo para plantear un interrogante, hoy varios de los integrantes de este superior tribunal de justicia no han tenido ningún tipo de experiencia al frente de un juzgado o vinculado al análisis de fallos judiciales, inclusive algunos prácticamente hace años que abandonaron el ejercicio de la abogacía.

La teoría de la división de poderes atribuida a Montesquieu plantea la idea de que la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial genera un sistema de pesos y contrapesos que permite asegurar un equilibrio entre los mismos y evitar excesos.

Esto que en la teoría suena muy bien en la práctica es casi una quimera.

En primer lugar porque en los sistemas democráticos, los cargos ejecutivos y legislativo se cubren por el voto popular y los cargos en la justicia por la designación de estos poderes. En resumida cuenta, es la ‘casta’ política la que elige los jueces que los tienen que controlar, y como dice el dicho, entre bomberos no se pisan la manguera.

Alguien puede imaginar que un funcionario designado por el ejecutivo o un diputado o legislador que haya sido elegido pueda despojarse de ese bagaje y ejercer de manera más o menos objetiva un cargo en la justicia?

La provincia de Jujuy tuvo un récord poco reconocido ya que la legislatura voto la ampliación de la corte y luego se eligieron dos miembros de esa legislatura para cubrir los nuevos cargos creados! Acá todos somos juez y parte como el disco de Joaquín Sabina.

Otro punto a destacar es que en la propia sesión legislativa del 26, junto a la designación de los nuevos jueces, se voto la creación del concejo de la Magistratura, un concejo colegiado que a partir de su creación será el encargado de elegir jueces y cubrir vacantes, quitándole así la elección a los diputados provinciales.

Sin embargo, como ya hemos escrito en este medio (concejo de la Magistratura dedocracia o reconfiguración del poder judicial) el concejo apunta a institucionalizar una representación mayoritaria al oficialismo y una minoritaria a la oposición. Sigue el reparto proporcional de cargos.

Una justicia con grietas y una corte que acaba de perder a su presidente

La elección de los miembros del superior tribunal de justicia no se da en el mejor escenario de la justicia provincial.

Mientras se estaba terminando está nota se agregó una noticia de último momento, el lamentable fallecimiento del Dr. Ekel Meyer, presidente del STJ.

Meyer ha sido una de las figuras más polémicas de política en la última década, más por su rol “político”, que en su rol de jurista. Integró los 3 poderes del estado: fue concejal y diputado por la UCR, fue ministro de justicia y finalmente fue designado vocal de la corte suprema de la provincia, para luego ser designado presidente de la misma. Bajo su rol de ministro de justicia fue cuando tuvo la mayor exposición mediatica, ya que estuvo al frente de una cartera que estuvo en el ojo de la tormenta raíz de una serie acontecimientos que golpearon fuertemente a la sociedad: como los casos de femicidios (con el caso Iara Rueda como un emblema de esta lucha), la represión a la protesta social y la regimentación bajo pandemia, y uno de los casos que sacudieron a la juventud en particular y a la sociedad en general como fue el asesinato de Matías Puca, el joven estudiante que fue arrollado y abandonado en medio de la fiesta de los estudiantes, y que en el imaginario social el caso no fue investigado hasta las últimas consecuencias, incluso atravesado con denuncias de encubrimiento, aunque nunca se pudo probar.

El fallecimiento del Dr. Meyer vuelve a dejar el Suprema Corte de Justicia incompleto, por lo que se deberá designar un nuevo vocal a la brevedad. Está fatalidad vuelve a abrir un cuadro de negociación para cubrir el cargo, que se deberá realizar necesariamente luego de que asuman los nuevos diputados provinciales, por lo cual va a cambiar la representación de todos los bloques políticos en la legislatura, con un nuevo actor que ingresa: un bloque de 7 libertarios en la legislatura.

El gobierno tendrá que debatir los pliegos para cubrir este nuevo cargo y volverá de nuevo la “rosca” parlamentaria para lograr los votos necesarios. A esto se suma además que será el propio cuerpo de la corte el que deba definir quien deberá cubrir el cargo de la presidencia de la misma. Ekel Meyer fue una figura muy vinculada a Gerardo Morales, habrá que ver con quién se identifica mejor quien ocupe la nueva presidencia de la corte.

En los últimos años, la justicia jujeña ha sido foco de múltiples cuestionamientos por su parcialidad, por su cercanía con el poder político de turno y por una gestión del Ministerio Público de la Acusación que ha sido blanco de pedidos de juicio político, como los que derivaron en la renuncia de Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini. También estalló el escándalo con el juzgado contravencional y una caja paralela de por lo menos 500 millones de pesos que se desviaron. Sin contar las denuncias de utilización de la justicia para perseguir opositores o disidentes, el armado de causas y la filtración de datos de las usinas judiciales.

Estos hechos dejaron al descubierto un sistema judicial debilitado, con serios problemas de legitimidad y escasa independencia.