La concejal y dirigente del PTS-FITU, Keila Zequeiros (26), atraviesa un momento de fuerte exposición pública y es objeto de un escarnio político y mediático tras un pedido de juicio político impulsado por La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

La figura del vocero político —sea presidencial o provincial— tiene un rol institucional claro: explicar decisiones de gobierno, comunicar políticas públicas y garantizar transparencia. Su función es informar, no editorializar. Sin embargo, en Jujuy, la vocería a cargo del secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, se ha convertido en algo muy distinto: una columna de opinión personal —o quizá la opinión del propio gobernador— más cercana a su antiguo rol mediático que a la responsabilidad institucional que hoy ocupa. Este desvío no es menor. En un contexto de tensión social, económica y política, la comunicación oficial debería ofrecer certezas, datos y explicaciones, no interpretaciones subjetivas ni disputas ideológicas que buscan profundizar la confusión pública.

Encabezada por las autoridades de la UNJu y Frente Sindical Universitario —integrado por ADIUNJu, UTDUJ y APUNJu— que nuclea a docentes, no docentes y trabajadores de la ciencia, la Marcha Federal Universitaria también  convocó a una multitud de estudiantes, organizaciones estudiantiles, sindicales, políticas y de la sociedad civil, que hicieron sentir con fuerza su reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el gobierno nacional de Javier Milei continúa incumpliendo, según señalan las organizaciones participantes. 

El cambio de paradigma respecto de las niñeces, adolescencias y juventudes en Jujuy es profundo. La transformación más evidente aparece en el modo en que el Estado aborda —o deja de abordar— las problemáticas que atraviesan estos sectores. Bajo un modelo neoliberal que se consolida, responsabilidades antes asumidas por políticas públicas se desplazan progresivamente hacia las familias y los individuos, debilitando la presencia estatal en áreas sensibles.